El Defensor del Pueblo pide «una respuesta concreta» a las víctimas de la Iglesia

Así lo dijo ante el Pleno del Congreso de los Diputados, donde compareció para presentar el informe que ha elaborado en respuesta a la encomienda que el Parlamento le hizo en primavera de 2022, y que Gabilondo entregó a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, hace más de un año.

Gabilondo justificó que su trabajo responde a “una necesidad ética y política y lo que las víctimas requieren desde hace mucho tiempo: ser escuchadas”, añadió, tras el “injusto silencio” que considera que han sufrido. “En estos asuntos el tiempo es decisivo”, remarcó, subrayando que “es el momento de adoptar medidas concretas”.

En su exposición, el Defensor explicó que, entre otra metodología, su informe se basó, entre otras herramientas, en una encuesta encargada a GAD3 tras un proceso de licitación pública “para enmarcar las dimensiones del problema y fijar la incidencia de los abusos sexuales en cualquier ámbito de la sociedad española, además del religioso”.

Así, indicó, a partir de esta encuesta a 8.013 personas, el 11,7% de ellas afirmaron haber sufrido abusos sexuales, antes de cumplir 18 años. Un 3,36% manifestó que ese abuso se produjo en el ámbito familiar. La encuesta concluyó también que el 0,6% de la muestra representativa de la población encuestada ha sido agredida sexualmente por un sacerdote o religioso católico (ámbito de estudio de la encomienda encargada al Defensor), y que en un 1,13% la agresión se registró en el ámbito religioso.

De hecho, según los datos detallados de la encuesta, el 34,1% de los casos de abusos se produjo en el ámbito familiar; el 9,6% en el ámbito educativo no religioso; el 7,5% en el laboral; y el 7,3% en Internet. En el quinto puesto y siguientes, los abusos fueron en el ámbito educativo religioso (5,9%); religioso (4,6%); deportivo (3%); sanitario (2,6%) y otros no determinados (36,6%).

RECOMENDACIONES

Durante su intervención, Gabilondo reconoció que la jerarquía de la Iglesia ha ido dando pasos al “progresivo reconocimiento de los hechos” y ha fomentado una comisión y protocolos de prevención, para dar lugar a una mayor atención y reconocimiento. “Queda mucho por hacer”, avisó, en referencia especial a que las víctimas formen parte del proceso penal canónico.

Según el Defensor, su informe se actualizará, pues tras su publicación se han sumado 144 nuevos relatos, que se suman a los 516 testimonios considerados válidos.

Gabilondo también puso el acento en que su informe se refiere al “papel de los poderes públicos”, a quienes pidió anteponer la reparación a las víctimas a cualquier otra diferencia ideológica o de creencia”. A partir de la investigación del Defensor, se presentaron también 24 recomendaciones, que pasan por la celebración de un acto público de reparación a las víctimas por parte de la Iglesia, como han hecho ya las diócesis de Madrid y Bilbao, y la creación de un fondo estatal para poder indemnizar a víctimas cuyos delitos estaban prescritos y en los casos de agresores que no pueden ser condenados.

El Defensor propone que una autoridad institucional “independiente e imparcial” pueda abrir procedimientos administrativos para declarar un caso de abuso como que “ha tenido lugar, es injusto y ha tenido un grave efecto en la víctima”.

Tras considerar que “se ha roto el silencio, aunque para las víctimas resulte de una manera tardía”, Ángel Gabilondo ha achacado dicha ruptura, “al esfuerzo de las víctimas, a la contribución de los medios de comunicación, y a quienes desde distintos ámbitos han acompañado sus itinerarios de vida y sus reivindicaciones”.

La sesión arrancó recuerdo de Gabilondo a las víctimas de la DANA y discurrió en un hemiciclo en el que se pudo a ver a víctimas eclesiales y colaboradores del informe, aunque con la bancada del Gobierno vacía. El propio Gabilondo se ubicó en la zona de invitados para seguir la intervención de los portavoces políticos.

GRUPOS PARLAMENTARIOS

La diputada del Grupo Popular, Marta González, afeó al ministro de Justicia, Félix Bolaños, que no hubiera seguido la intervención del Defensor, como tampoco ningún miembro del Gobierno, especialmente la ministra de Infancia, Sira Rego, también ausente en la cámara. Durante su intervención recordó que el informe del Defensor llama a poner “más alarma de la que hay” sobre los abusos que se perpetran en el ámbito familiar, pues aunque los datos son “útiles”, están “distorsionados y sesgados en cuanto al fenómeno en su conjunto”. Según la encuesta de GAD3, de las más de 900 víctimas que reconocieron abusos, 90 están relacionadas con el ámbito católico. Además, subrayó, la mayoría de las víctimas son niñas. Asimismo, los ‘populares, llamaron a investigar “todos los ámbitos”, también los que no están reflejados en este informe y afeó al Ejecutivo y a sus socios que rechazasen investigar los casos de abusos sobre menores tuteladas en las comunidades autónomas.

Antes, el parlamentario socialista Herminio Rufino Sancho recalcó que “ahora es el turno de la política” y recordó el plan de respuesta que presentó en abril el Gobierno para responder a los casos de abusos eclesiales, en particular los que no se pueden judicializar. Pero, apuntó también que “es necesario que la Iglesia de pasos”.

En opinión de Ignacio Hoces (Vox), el Defensor del Pueblo “es el defensor de los intereses de Pedro Sánchez” y que el debate de los abusos en la Iglesia se utiliza para “tapar el lodazal” de la gestión del Gobierno. “Nada importan las víctimas si no sirven de herramienta contra la Iglesia”, aseveró.

Los socios del Gobierno de Sumar anunciaron que “en próximas semanas” tomará forma una comisión de trabajo para “concretar” las propuestas del Defensor, para no “dilatar” más tiempo la situación. Esa comisión tratará de impulsar que se cree un fondo “íntegramente financiado por la Iglesia”, algo en lo que también coincidieron los diputados de Bildu.

Desde Podemos, Ione Belarra pidió “obligar a la Iglesia a un proceso de reparación” y subrayó que las de la Iglesia “no son víctimas de abuso, sino de violencia sexual”. Por el PNV, Joseba Agirretxea Urresti puso en valor el “deber de supervisión del Estado” para que las víctimas no queden “desguarecidas” e Isabel Pozueta (Bildu) reclamó reformar la Ley de violencia contra la infancia para concretar la responsabilidad subsidiaria de las instituciones religiosas y diócesis así como fomentar “una educación sexual integral”.

El diputado de Junts Josép Pagés aplaudió la recomendación del informe Gabilondo de establecer una autoridad imparcial para los abusos y que aunque el anterior presidente del la Conferencia Episcopal Española, Juan José Omella, “no estuvo a la altura”, “sí lo está Argüello”, el actual presidente de los obispos españoles.