Los distintos centros repartidos por la geografía andaluza se ven muy afectados.
Desde CGT denunciamos el abandono de los recursos públicos de atención a las adicciones por parte de la Junta de Andalucía. Instalaciones deterioradas durante años por falta de inversión y adecuación.
La Comunidad de Tarifa (Cádiz), con una capacidad de 53 pacientes, alberga actualmente solo una veintena, debido a problemas de estructurales en las instalaciones y falta de profesionales médicos. Los dormitorios y baños permanecen cerrados desde hace años, mientras los pacientes se hacinan en zonas provisionales de alojamientos que ha sufrido solo en 2024 4 brotes de chinches, la capacidad de dicho centro se ve mermada, mientras la lista de espera aumenta de forma continuada.
En la Comunidad de Mijas (Málaga) son múltiples las deficiencias a reparar, humedades, residuos, falta de climatización en la cocina, teniendo más de 40 grados en zonas de trabajo.
En la Comunidad de La Línea (Cádiz) se acumulan las incidencias en el área de cocina, así no hay cámara frigorífica desde hace un año, por lo que no es posible mantener la comida en frío, lo que ocasiona el deterioro constante de comida que termina en la basura. No hay freidoras o máquinas de corte por falta de reparación de los equipos, no hay climatización.
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La Junta efectuó mediante un contrato hace 4 años un informe arquitectónico para la puesta al día de todos los centros públicos de adicciones, después de gastar el dinero en dicho informe nunca más se supo de la imprescindible puesta al día y mantenimiento de estos centros.
Tras años de denuncias por parte de CGT la Junta hace oídos sordos.
Son muy frecuentes los problemas con los vehículos asignados, recurriendo en muchas ocasiones urgentes los profesionales al uso de su vehículo personal, cuando se denuncia esta situación la Junta contrata un servicio de taxis como solución, lo que supone un coste mucho mayor y despilfarro de recursos públicos.
A la falta de mantenimiento y deterioro de las instalaciones se une la falta de personal, los centros carecen de la dotación de personal adecuada, y a lo anterior se añade la falta de cobertura de las ausencias que se producen. Así hace año y medio que la plaza de médico/a de Tarifa no está cubierta. Dicha plaza en Mijas lleva muchos años con coberturas temporales acumulando meses y meses de ausencias de personal sanitario. La Línea lleva con una cobertura intermitente 5 años. en la provincia de Huelva, Almonte y Cartaya tampoco cuentan con personal médico todos los días. La falta de profesionales sanitarios ocasiona que no puedan entrar nuevos pacientes por falta de evaluación médica, pero así mismo ocasiona una falta de supervisión de los tratamientos de los pacientes ingresados en estos centros. Además, la falta de estos profesionales incumple la normativa de la propia Junta sobre los recursos necesarios en un centro de adicciones.
Esta situación se ha denunciado por CGT en repetidas ocasiones sin que la Junta adopte medidas al respecto. Ocasionando con ello riesgo para la salud de los propios pacientes.
La privatización de servicios como la limpieza de los centros o la cocina marcan la línea que la Junta sigue con este servicio Público.
Con la llegada al gobierno del PP se produjo el traspaso de competencias de adicciones desde la Consejería de Bienestar Social a la de Salud. Ello ha supuesto una maraña burocrática, la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia ejerce las competencias delegadas por las Consejerías de Salud y de Familia, pero en la práctica, el abandono por parte de Salud se traduce en que la Agencia ha vaciado de personal el área de adicciones para utilizar ese personal en otros servicios.
Recientemente, se ha extinguido la Jefatura de Seguimiento de Programas y Gestión del conocimiento en Adicciones, esto supone que una sola persona tiene las siguientes funciones: – Gestión de 7 centros públicos de adicciones. – Evaluar protocolos de derivación. – Gestionar accesos a los recursos públicos ambulatorios. – Elaborar informes – Desarrollar el mantenimiento del sistema de información de adicciones de Andalucía, del que depende toda la red asistencial. – Asesorar y apoyar la coordinación del desarrollo del plan estratégico de salud mental y adicciones. – Elaborar e implantar el protocolo andaluz de coordinación en materia de violencia en materia de atención integral a víctimas de violencia de genero. – Representación de Andalucía en la comisión técnica del plan nacional sobre drogas. – Elaborar, apoyar y seguir todo tipo de planes y programas – Gestionar indicadores epidemiológicos de consumo.
Con esta decisión la Consejería de Familias “Roba” una jefatura a la Consejería de Salud aprovechando el desconcierto y el verano, para así dinamitar la atención a las adicciones en Andalucía, pues es imposible que una sola persona saque adelante la atención integra de las adicciones.
La Consejería de Salud ha manifestado en varias ocasiones durante los últimos años su intención de incorporar a todo el personal y los centros de adicciones directamente dentro de la estructura de dicha Consejería para impulsar la atención a las adicciones, pero esa idea quedó solo en intenciones y parece que lo que la Junta realmente quiere es abandonar los recursos públicos de atención a las personas con problemas de adicciones para su muerte lenta.
Desde CGT denunciamos la privatización de la atención a las Adicciones y la desaparición de los recursos públicos por parte de la Junta de Andalucía, y le reclamamos al Presidente Moreno Bonilla y a la nueva Consejera de Salud un plan inmediato de dotación personal y material para los centros públicos de atención a las adicciones. En lugar de trabajar en adaptarse a las drogas de nueva aparición y prevenir las situaciones como las nuevas adicciones en nuestros jóvenes, nuestros centros luchan cada día para no desparecer.
La Junta de Andalucía no puede liquidar la atención a las adicciones en Andalucía mientras existe una lista de espera de mil personas en la comunidad, esperando una plaza dentro de uno de estos centros públicos.
