Y las pagas extra pendientes desde hace una década
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF, sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, ha vuelto a movilizarse este lunes en Málaga para reclamar a la Junta de Andalucía que cumpla el acuerdo firmado en 2018 con las organizaciones sindicales para la recuperación de las ayudas de Acción Social y de la parte autonómica de las pagas extra de 2013 y 2014.
La protesta se ha desarrollado de formar simultánea en todas las provincias andaluzas bajo el lema ‘La Junta no cumple’ y con ellas CSIF denuncia la falta de voluntad política por parte de la Junta de Andalucía para restituir estos derechos al colectivo de empleados públicos, que acumula una pérdida de poder adquisitivo de más del 25% desde 2010.
Dicho acuerdo recogía tanto la recuperación de las Ayudas de Acción Social (que dejaron de concederse en 2011) como la restitución de las cantidades dejadas de percibir en los conceptos de pagas adicionales o complemento específico en su caso de los ejercicios 2013 y 2014.
Andalucía es la única comunidad autónoma del país que no restituido las ayudas de Acción Social, que fueron limitadas en su momento por el Real Decreto Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público. Dichas prestaciones -que permiten una mejor conciliación familiar y laboral, apoyo en el cuidado de hijos e hijas y ascendientes a cargo, o ayudas a víctimas de violencia de género o de carácter sociosanitario- adquieren aún más relevancia en un periodo de dificultades económicas para las familias como el actual.
57.000 afectados en Málaga
En la provincia de Málaga son más de 57.000 las empleadas y empleados públicos que no tienen acceso a estas ayudas de Acción Social y alrededor de 43.000 los que sufrieron el recorte del tramo autonómico en las pagas extra de 2013 y 2014, de los sectores de sanidad, educación, justicia y administración general de la Junta de Andalucía.
CSIF ha actuado con responsabilidad y flexibilidad en relación a los años de crisis y los difíciles momentos vividos durante la pandemia de la Covid-19. No obstante, defiende que ha llegado el momento de alzar la voz para que los empleados y empleadas públicas accedan a lo que les corresponde por derecho, sin más excusas y sin más demoras.
Es especialmente preocupante la situación en la que se encuentran los profesionales del Servicio Andaluz de Salud (SAS), que llevan años soportando una gran presión por la elevada sobrecarga laboral que ha provocado la falta de personal continuada. CSIF cifra en más de 30.000 el déficit de plantillas que arrastra el SAS en Andalucía, al tiempo que demanda unas condiciones laborales dignas y contratos más estables y atractivos -para estos profesionales no tengan que marcharse a otros lugares fuera de Andalucía-, así como un mayor reconocimiento profesional.
Para ello, entre otras cuestiones, es urgente la actualización de funciones del personal de la sanidad pública y la adecuación de todos los grupos profesionales, además del cumplimiento del acuerdo para la mejora de la Atención Primaria en Andalucía y la actualización de la Bolsa de contratación del SAS.
