El Grupo Parlamentario de Sumar presentó este viernes en el Tribunal Supremo una querella criminal por presunto delito de prevaricación administrativa contra el presidente por suplencia del Consejo General del Poder Judicial, Tomás Guitarte, y los vocales que convocaron un Pleno para pronunciarse contra la entonces aún no registrada proposición de ley de amnistía.
Sumar, que en la propia querella se entiende legitimado para ejercer de acusación particular por su «condición de grupo parlamentario que participa del Poder Legislativo» y, por tanto, de «parte interesada y directamente afectada» por el Pleno del 6 de noviembre del CGPJ que emitió una declaración contra la amnistía que esta formación considera que difunde “un mensaje apocalíptico que sólo puede contribuir a una mayor crispación social”.
En esta declaración, el CGPJ expresó «su intensa preocupación y desolación por lo que esa medida supone de degradación, cuando no de abolición, del Estado de derecho en España», todo ello «para que un aspirante a presidente del Gobierno pueda conseguir el beneficio personal y político de impedir el gobierno de otras fuerzas políticas o, expresado por su reverso, para poder mantenerse en el gobierno». Guilarte votó en blanco por no haberse elaborado aún el texto legal de la amnistía y considerar por ello «prematuro» el pronunciamiento, pero la mayoría estimó que debía pronunciarse sobre una declaración del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que admitía su intención de sacar adelante la proposición de ley.
El mismo argumento que Guilarte esgrime Sumar en su querella contra el acuerdo, «dirigido a una disposición legal que ni siquiera existía en el momento de su adopción (y cuyo texto y forma de tramitación elegida, por tanto, no se conocían)» y que, además, «descalifica e imputa conductas gravísimas al Presidente del Gobierno en funciones, que consideramos podrían ser calificadas como desconsideración entre instituciones».
Además, recuerda que el órgano rector de los jueces está en funciones, con el mandato caducado, y por tanto el Pleno «fue convocado al margen de las previsiones legales y con un objeto que excede de las facultades del CGPJ, como reconocería su propia declaración, al puntualizar que «no pretende sustituir el informe que se elude con la vía de tramitación escogida para la iniciativa legislativa, pero se emite ante la imposibilidad de formularlo». «Es decir», deduce Sumar, «que en el propio acuerdo reconocen tanto su manifiesta falta de competencia para emitir la resolución administrativa que constituye el acuerdo, como su deliberada voluntad de eludirla».
Con su pronunciamiento, el CGPJ, denuncia Sumar, «se arroga la labor de interpretación de la Constitución, que sólo corresponde al Tribunal Constitucional; asimismo, pretende influir en la opinión pública, en la actividad judicial e interferir en el desarrollo de un proceso político legítimo». Por todo ello, el grupo parlamentario pide aplicar a los querellados el artículo 404 del Código Penal, que establece que «a la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo, se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a quince años». A Guilarte por convocar el Pleno y a los vocales por aprobar su declaración.
NO LIBERTAD DE EXPRESIÓN
La querella de Sumar niega que la declaración del CGPJ pueda ampararse en la libertad de expresión, «porque el acuerdo no expresa la opinión personal de los vocales que lo suscriben, sino que adopta la forma de un acto/declaración institucional» y «porque el CGPJ no es titular del derecho a la libertad de expresión», pues, como ha establecido el Tribunal Constitucional, las instituciones públicas no son «en ningún caso» titulares de estos derechos.
En definitiva, Sumar entiende que la declaración del CGPJ ha «producido un grave perjuicio para el interés general y con ello, un resultado materialmente injusto», que los vocales «han actuado con una sorprendente falta de rigor jurídico al pronunciarse acerca de una ley inexistente cuyo contenido desconocían; han interferido de forma palmaria y totalmente proscrita por la ley» y «se han posicionado claramente a favor de la postura defendida por un partido político», y con ello han «influido en la opinión jurídica y en la pública, trasladando una interpretación de una ley inexistente cuyo contenido y forma ignoraban, que ni siquiera les corresponde realizar y, contribuyendo a la polarización, acrecentado el conflicto social».
En la presentación de la querella en el Supremo, el portavoz de Izquierda Unida en el Congreso y diputado de Sumar, Enrique Santiago, incidió en estas consideraciones y además denunció que las frases de la declaración del CGPJ «parecen preferidas por dirigentes políticos», con «críticas directas al presidente del Gobierno» que «llegan incluso a cuestionar la constitucionalidad de un acuerdo parlamentario».
Acto seguido, interpretó que, a raíz de aquella declaración del CGPJ, se han sucedido «declaraciones de asociaciones de jueces, de asociaciones de fiscales, declaraciones de sindicatos de fuerzas de seguridad del Estado, declaraciones de militares en retiro haciendo llamamientos muy graves» y hasta «jueces decanos y presidentes de audiencias provinciales convocando manifestaciones contra acuerdos tomados en ámbito parlamentario» y «acudiendo a las manifestaciones como tales jueces, con sus togas», lo cual es «un paso que nunca se había dado en este país» ni en otros de la UE.
Santiago constató que Sumar ha tomado esta iniciativa en el ejercicio de su autonomía y sin avisar a la parte socialista del Gobierno, y también que desconocía que hoy el ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Justicia, Félix Bolaños, se iba a reunir con Guilarte.
Sigue nuestras noticias
