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CSIF denuncia el contra incendios en juzgados de Marbella

CSIF denuncia el contra incendios en juzgados de Marbella

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF, sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha registrado una comunicación de riesgo ante el Comité de Seguridad y Salud de la Delegación territorial de Justicia en Málaga por los graves incumplimientos en materia de seguridad detectados en la sede judicial de la Avenida Mayorazgo de Marbella, que alberga los juzgados de instrucción, Fiscalía y el Instituto de Medicina Legal.

El sindicato denuncia que este edificio carece de los medios preventivos necesarios en caso de incendio, así como de medidas que garanticen la seguridad y movilidad para personas con discapacidad funcional establecida en la normativa.

Como recoge el sindicato en su escrito, que también ha dirigido a la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales (PRL) de la Delegación territorial de Justicia, los dos ascensores del edificio presentan continuos problemas de funcionamiento. De hecho, uno de ellos lleva averiado desde hace meses, mientras que el otro se queda constantemente bloqueado, por lo que se requiere de forma frecuente la intervención del cuerpo de Bomberos de Marbella. La última vez el pasado viernes, cuando los bomberos tuvieron que intervenir para evacuar a agentes del Cuerpo Nacional de Policía, que se encontraban trasladando a detenidos a los Juzgados de Instrucción.

CSIF alerta del tremendo riesgo que supone esta situación en caso de un eventual incendio, especialmente para las personas con movilidad reducida, y señala que son numerosos los incidentes ya registrados donde los propios funcionarios han intervenido para auxiliar a ciudadanos y policías que se han quedado atrapados en este ascensor.

Cabe mencionar que este edificio, de cinco plantas de altura, carece de escalera antiincendios, por lo que en, caso de producirse, tanto los trabajadores como los usuarios del mismo se encontrarían expuestos a un grave riesgo para su seguridad. A este respecto, CSIF señala que estas dependencias llegan a albergar más de 250 personas en hora punta, que ante una situación de peligro extremo como la descrita sólo podrían evacuar el edificio por la única escalera que existe en el mismo.

A ello se suman los constantes cortes de electricidad en el edificio por subidas de tensión, que a su vez comportan un grave riesgo de incendio, ya que el cuadro eléctrico está ubicado en uno de los archivos, cerrado, atestado de cajas con expedientes y sin extintor.

CSIF lleva años requiriendo la actualización del Plan de Autoprotección de esta sede judicial y adopte medidas preventivas urgentes, aunque la administración sigue sin aportar los informes de esta situación por parte de los técnicos de PRL de la Junta de Andalucía.

En su comunicación de riesgos CSIF también señala que este edificio, por su singular construcción en forma cilíndrica, tiene dos huecos en los laterales de los ascensores a los que se puede acceder desde algunos despachos sin ningún tipo de barrera que prevenga de posibles caídas.

Precisamente estos conductos junto a los ascensores se comportarían como “avivadores del fuego” ante un eventual incendio, ya que aunque se cerraran las puertas que seccionan las estancias ninguna de ellas cumple con la normativa antiincendios, siendo meras puertas de chapón que compartimentan las estancias sin ningún tipo de seguridad.

Estas irregularidades en materia de Prevención de Riesgos Laborales han sido comunicadas a la Administración en reiteradas ocasiones por parte de CSIF, que recuerda además el informe emitido por la empresa externa en octubre del año pasado que recoge esta situación en su Evaluación de Riesgos y Planificación de la Actividad Preventiva, sin que hasta el momento se haya adoptado ninguna medida de las indicadas.

Por ello, CSIF ha vuelto a requerir medidas urgentes a través del Comité de Seguridad y Salud de la Delegación territorial de Justicia, al tiempo que ha denunciado que la falta de actuaciones por parte de la Administración supone exponer a los trabajadores y trabajadoras de estos juzgados a graves riesgos para su seguridad y salud, así como para la ciudadanía que acude diariamente a estas dependencias.

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