- Los republicanos remarcan que es un acuerdo de «investidura» y que el apoyo durante la legislatura dependerá del «cumplimiento» de lo pactado
El PSOE y ERC alcanzaron este jueves un acuerdo político para apoyar la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno que recoge, entre otros aspectos, el impulso de una ley de amnistía para los implicados en el desafío soberanista de 2017, el traspaso de Rodalíes y el perdón de una deuda de 15.000 millones de euros de la Generalitat con el Estado.
Tras una reunión en Barcelona entre el ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática en funciones y miembro del equipo negociador del PSOE, Félix Bolaños, con el líder de ERC, Oriol Junqueras, que acabó con la rúbrica del acuerdo de 14 páginas, ambos comparecieron públicamente pero por separado para dar cuenta del pacto.
En el caso de Bolaños, estuvo acompañado del primer secretario del PSC, Salvador Illa, en su rueda de prensa en la sede de los socialistas catalanes en la que puso en valor el apoyo de ERC en esta pasada legislatura y el “compromiso” actual para la “gobernabilidad y con la estabilidad”.
No obstante, preguntado directamente por si el pacto es para toda la legislatura, Junqueras apuntó desde la sede de ERC que habrá “continuidad” del respaldo mientras haya “continuidad al cumplimiento de los acuerdos” pero que «es un pacto por la investidura» y que la continuidad o no durante la legislatura dependerá de que «esta voluntad de llegar a acuerdos que hoy se expresa» se «mantenga a lo largo de la legislatura” porque, si no, “no será posible”.
Bolaños ensalzó que con los acuerdos que se han trabajado de manera discreta se «pretende pasar página, abrir una nueva etapa» y, para seguir en «la senda de mejorar la convivencia, de facilitarla y hacerla más habitable en nuestro país», se ha cerrado la «aprobación de una ley de amnistía, una ley de amnistía que devolverá a la política lo que nunca debió salir de la política» pero de la que no ofreció más detalles porque está aun cerrándose con Junts.
RODALÍES
Al margen de la cuestión sobre el «conflicto político» y que en el acuerdo han venido a llamar como la «segunda fase» del proceso de diálogo iniciado en la llamada mesa de dialogo entre los dos gobiernos, en el acuerdo entre PSOE y ERC se incluyen como «anexos dos acuerdos sobre la financiación para Catalunya y sobre Rodalies».
Consiste en «culminar» el traspaso «integral» del servicio de Rodalies y Regionals –Rodalies de Catalunya- a la Generalitat, que, recuerdan, comenzó en 2009 y 2010 mediante la constitución de una nueva entidad «paritaria» entre Generalitat y Estado, según expuso Bolaños, que pasará a denominarse Rodalies Catalunya. Esta hará efectivo, según consta en el acuerdo, el traspaso «durante el año 2024» de los «recursos económicos necesarios asociados al déficit en el que incurre Renfe del año 2023, como operador del servicio, en relación con la prestación del servicio de Rodalies Catalunya».
Además, el texto del acuerdo recoge que «en los años sucesivos, una vez vencida la anualidad y durante el primer trimestre de cada año, se realizará el cálculo de déficit y la transferencia de recursos al titular del servicio». Junqueras explicó que el nombramiento de la Presidencia de esta nueva compañía correrá a cargo del Gobierno catalán.
FINANCIACIÓN
Bolaños explicó que gracias al acuerdo para «mejorar la situación financiera» de Cataluña, el Estado asegurará a esta administración que «pueda volver a financiarse en los mercados con un mecanismo que será extensible al resto de comunidades autónomas, por el cual el Estado asume parte de la deuda autonómica», así como una «financiación específica» para competencias «singulares» de Cataluña como los Mossos, los órganos judiciales y el «sistema de encomiendas de gestión» que ya se pactó en los presupuestos de 2023 y que permite a la Generalitat, según Bolaños, ejecutar «las nuevas inversiones del Estado en Cataluña siempre que no sean estratégicas para el conjunto del país y por tanto se sigue profundizando en ese gobierno compartido entre la Administración General del Estado y la Generalitat de Cataluña», concluyó.
Según se reconoce por PSOE y ERC, Cataluña es «uno de los principales motores económicos» del Estado y la tercera comunidad que «más recursos» aporta por habitante, por lo que es «un contribuyente neto al sistema de financiación de acuerdo con el nivel de renta de sus ciudadanos». Así, ven «necesario que, a su vez, reciba un nivel de financiación e inversiones suficientes» porque «ha sufrido un problema de infraejecución de inversiones en materia de infraestructuras que ha comportado que en términos de inversión real se encuentre por debajo del lugar que le correspondería en relación a sus necesidades reales».
En este sentido, se apunta a que «algunos aspectos del actual sistema de financiación, unido a los condicionantes impuestos por la carga de la deuda que soporta Cataluña, así como a incumplimientos de las obligaciones de inversión contenidas en el Estatuto de Autonomía por anteriores ejecutivos, ha afectado a la autonomía financiera de Cataluña y a su capacidad de lograr una financiación en los mercados».
COMISIÓN BILATERAL
Por todo ello, acuerdan «constituir, durante el primer trimestre de 2024, una comisión bilateral entre el Gobierno del Estado y el de la Generalitat con el «objetivo de llegar a un acuerdo y posibilitar avances» en «lograr una financiación adecuada que garantice la suficiencia financiera de los servicios públicos» y «asegurar el cumplimiento de los compromisos de inversión contenidos en el Estatuto de Autonomía».
Según apuntó Bolaños en la rueda de prensa, en el acuerdo se recoge que con el fin de sanear la situación financiera de la Generalitat y facilitar su vuelta a la financiación en los mercados de deuda, «se procederá a tramitar una modificación legal de alcance general para todas las comunidades autónomas de régimen común que permita la asunción por parte del Estado de parte de la deuda autonómica con este, originada por el impacto negativo del ciclo económico, para lo cual se determinará qué parte del incremento de deuda obedece al impacto del ciclo, pudiendo también acudirse a transferencias para la cancelación de la deuda en el caso de endeudamiento con terceros distintos del Estado, caso de ser necesario». «Lo anterior se entenderá sin perjuicio de que el FLA pueda seguir operando como sistema de último recurso en el caso de situaciones críticas de mercado», aclara el acuerdo firmado.
En el caso concreto de Cataluña y según el acuerdo, «esta operación supondrá la asunción del entorno del 20% de la deuda viva en el momento de ejecución de este acuerdo, contraída por la Generalitat de Catalunya con la Administración General del Estado en los mecanismos de liquidez estatales, y supondrá unos 15.000 millones de euros de la deuda de Cataluña, y supondrá un ahorro de en torno a 1.300 millones de euros en intereses».
«GANA CATALUÑA»
Junqueras ensalzó que con este acuerdo “quien gana es Cataluña” en “diversos ámbitos”, entre ellos en el ámbito de una amnistía que “es para todos”, que es “sin exclusiones” y “sin excepciones”, y que en ella tendrán cabida “todos aquellos” que participaron “de alguna manera u otra” en el “9-N, el 1-O”, los CDR, Tsunami Democràtic y los que participaron “en algún acto de protesta en contra de sentencias” por el ‘procés’ que “eran injustas”.
En rueda de prensa en la sede de ERC, defendió que Cataluña también “gana” con este acuerdo en el ámbito de la negociación política porque se dará “continuidad” a la mesa de negociación, cuyo objetivo es “avanzar en el camino de poner el futuro de nuestro país, de Cataluña y de la sociedad catalana en manos de la ciudadanía”.
Que haya una mesa de negociación, continuó, es una “demostración” de que el Gobierno “reconoce la existencia de un conflicto político entre el Estado y buena parte de la sociedad catalana”. Debe servir, expuso, para fijar las condiciones no solo “del qué, sino también del cómo y del cuándo” hacer un referéndum en Cataluña.
En este sentido, Junqueras puso en valor que el Gobierno “reconozca” que el “conflicto” es de “naturaleza política” y que “se tiene que resolver en términos democráticos”, algo que “alega la legitimidad que se deriva de la existencia de una Constitución española avala muchas de sus decisiones”.
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