La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF, primera fuerza sindical multiprofesional en el Servicio Andaluz de Salud (SAS), alerta de la agresión sufrida por un trabajador de Centro de Salud Carlinda, celador-conductor en función administrativa, a primera hora de este miércoles en su puesto de trabajo, por parte de un usuario del centro que reaccionó de forma violenta tras exigir que se le suministrara en el momento la medicación prescrita por su médico y que había agotado.
El agresor, que había acudido el día anterior por el mismo motivo, requirió al personal de admisión que le suministrara Diazepam (medicamento para tratar la ansiedad y como relajante muscular) tras agotarse el tratamiento prescrito por su médico. El celador-conductor de admisión le explicó que debía ser su médico quien renovase el tratamiento, para lo que debía reservar cita, presencial o telefónica, que él mismo le facilitaría.
Ante la imposibilidad de que la cita con su médico fuera en ese momento y de obtener la renovación inmediata del medicamento, el usuario reaccionó violentamente, propinando un puñetazo a la mampara separadora del mostrador de admisión, que salió despedida. Afortunadamente, el trabajador logró evitar que le alcanzase la pantalla de metacrilato, que cayó tras él sin llegar a romperse.
Agentes de la Policía Local se personaron en el lugar tras el aviso del personal del centro, que activó el protocolo de actuación en caso de agresión en el SAS, facilitando la tramitación de la denuncia por parte del profesional afectado, que se sintió absolutamente indefenso ante el ataque. Aunque el trabajador no requirió asistencia sanitaria tras el incidente, CSIF subraya que las consecuencias podrían haber resultado graves si no hubiera evitado el golpe y denuncia la desprotección que sufren estos profesionales ante eventuales episodios violentos.
Así, la central sindical señala que no se trata de un hecho aislado, y recuerda que a principios del pasado mes de septiembre otra trabajadora de admisión de este centro de salud requirió asistencia sanitaria por las lesiones que le produjo la mampara del mismo mostrador al ser también golpeada por un usuario.
CSIF denuncia la falta de avances por parte de la administración sanitaria para garantizar la protección de sus trabajadores ante las agresiones, al tiempo que reclama que se analicen los riesgos en cada puesto y se adopten medidas de seguridad específicas.
En el caso del Centro de Salud Carlinda, el sindicato reclama la presencia de personal de seguridad en la zona de admisión tras los últimos episodios violentos, así como la colocación de una mampara protectora fija en el mostrador, que garantice la protección de los profesionales ante una agresión como la que se ha producido este miércoles.
Pese a que se trata de un centro pequeño sin punto de urgencias, CSIF defiende que las características del mismo, así como la incidencia de agresiones que registra, hacen necesaria la dotación de personal de seguridad. Durante la pandemia, el SAS incorporó un vigilante para controlar los accesos, aunque tras el cese generalizado de estos trabajadores el año pasado no ha vuelto a contar con seguridad. Tampoco dispone de cámaras de videovigilancia que permitan detectar incidentes que pongan en riesgo la integridad de trabajadores y pacientes.
CSIF condena esta nueva agresión hacia un profesional de este centro sanitario, especialmente vulnerable tras los últimos casos, y denuncia que los episodios violentos forman parte del día a día de los profesionales. Recuerda que en la mayoría de ocasiones no se denuncia, especialmente si se trata de agresiones verbales, con insultos y amenazas, y no quedan registrados, por lo que anima a los profesionales a que denuncien este tipo de situaciones y pone a disposición del personal afectado a sus delegados para ayudar a gestionar estos problemas.
Finalmente, la central sindical reclama tolerancia cero ante cualquier tipo de actitud violenta hacia los trabajadores de la sanidad pública y pide a la Administración medidas contundentes para acabar con esta situación.
Entre ellas, la dotación de personal de seguridad en todos los centros de atención primaria con mayor incidencia de agresiones y/o situaciones violentas; la habilitación de una puerta trasera o salida de escape ante una situación conflictiva; la instalación del ‘botón SOS’ o ‘botón antipánico’ accesible para los profesionales; la difusión de mensajes disuasorios en las líneas de atención al público; y el endurecimiento de las penas por agresiones, tanto físicas como verbales, a profesionales del sistema público de salud.
Según datos facilitados por la Consejería de Salud y Consumo en la última Mesa Técnica de Prevención de Riesgos Laborales, en 2022 se registraron 1.494 agresiones a profesionales del sector sanitario en Andalucía, 268 de ellas –el 18%- en la provincia de Málaga (62 físicas y 206 verbales).
Por otro lado, CSIF exige a la Junta que cumpla su compromiso de incorporar a 200 nuevos terapeutas ocupacionales en Atención Primaria antes de que finalice 2023.
