Los funcionarios y funcionarias de los Cuerpos Generales y Especiales de la Administración de Justicia en la provincia han vuelto a manifestarse en Málaga en el marco de la huelga indefinida convocada a nivel nacional para reclamar una subida salarial acorde con las funciones que realizan y que no les son reconocidas ni profesional ni retributivamente.
Convocados por CSIF, STAJ, CCOO y UGT, cientos de funcionarios han participado en la marcha, mostrando su respaldo a los miembros del comité de huelga que permanecen encerrados en el Ministerio desde este martes, después de la infructuosa reunión mantenida con el secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, quien abandonó de forma abrupta la negociación sin plantear oferta alguna en relación a la subida salarial que el colectivo demanda por las funciones que viene realizando históricamente y no le son reconocidas ni retribuidas.
El colectivo, que supone el 93% del personal del conjunto de la Administración de Justicia, ha protestado en Málaga para trasladar su apoyo a los representantes del comité de huelga encerrados en la sede ministerial, que han visto cómo la primera reunión que ha accedido a mantener con el colectivo el departamento que dirige Pilar Llop no ha servido para que la Administración pusiera encima de la mesa una propuesta seria de mejora salarial para los 45.000 funcionarios de los Cuerpos Generales y Especiales de nuestro país.
CSIF lamenta que estos trabajadores sean tratados como funcionarios de segunda frente a otros cuerpos, y recuerda que acumulan décadas sin ser reconocidos ni profesional ni retributivamente. Los sindicatos convocantes exigen al Gobierno que ponga encima de la mesa una propuesta económica para negociar.
En concreto, exigen una mejora salarial acorde con las funciones que realizan a diario, en concreto de entre 350 y 430 euros. Esta subida se llevaría a cabo a través del concepto ‘Complemento general del puesto’, una retribución básica ligada a sus funciones, lo que permitiría elevar el sueldo al colectivo en todo el Estado, independientemente de la comunidad autónoma en la que trabajen.
Según los cálculos del comité de huelga, desde el inicio del conflicto más de un millón juicios se han visto suspendidos y aplazados, así como más de 40 millones de actuaciones judiciales paralizadas y millones de ciudadanos afectados en toda España. CSIF lamenta los perjuicios e inconvenientes causados a la ciudadanía, si bien subraya que el único responsable es el Ministerio.
