El mayor encuentro del sector de los medios de comunicación comunitarios sin ánimo de lucro de España se celebra el próximo fin de semana en Málaga. La Red de Medios Comunitarios (ReMC) de ámbito estatal, las principales organizaciones autonómicas de estos medios –Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, Red de Radios Comunitarias de Canarias y Asociación de Emisoras Municipales y Comunitarias de Andalucía de Radio y Televisión (EMA-RTV)– y la Red de Investigación en Comunicación Comunitaria, Alternativa y Participativa (RICCAP) reúnen a medio centenar de comunicadoras, especialistas e investigadores para tomar decisiones estratégicas en el sector, formarse, analizar la sostenibilidad de estas iniciativas de comunicación local y su contribución al bienestar, así como exigir la garantía del derecho a comunicar.
Los medios comunitarios participantes provienen de 10 comunidades autónomas: Andalucía, Madrid, Galicia, País Vasco, Cataluña, Canarias, Comunidad Valenciana, Asturias, Castilla La Mancha y Castilla y León. Medio centenar de medios comunitarios estarán presentes en el encuentro o representados en él por sus redes.
La entidad local organizadora es Color Comunitaria, antes conocida como Onda Color de Málaga, ubicada en el barrio malagueño de Palma Palmilla. Se trata de una de las emisoras comunitarias más premiadas del país, incluyendo una mención especial en los Premios Ondas, 5 distinciones en los Premios Andalucía de Comunicación Audiovisual Local y otros galardones hasta superar la decena.
Entre otras razones, se ha elegido la ciudad de Málaga por el interés y apoyo que el Ayuntamiento ha mostrado hacia la radio comunitaria de esta ciudad mediante mociones unánimes de su pleno municipal, el desarrollo de proyectos conjuntos y el apoyo a su sostenimiento, así como por la trayectoria de reconocimiento que la Junta de Andalucía tiene con este y otros medios comunitarios de la comunidad, como Hispanidad Radio de Huelva o Radio Sintonía de Puente Genil (Córdoba). Esto es destacable en contraposición al enfoque de otras comunidades autónomas, que han llegado a perseguir y proponer sanciones para este tipo de medios, cuyo derecho a comunicar ha quedado protegido por sentencias judiciales.
“La Red de Medios Comunitarios desea fortalecer el diálogo institucional sobre el sector y potenciar como buena práctica el clima de entendimiento y fomento de estos medios que se da en Málaga y Andalucía, a pesar de los importantes retos pendientes de resolver que siguen encima de la mesa», asegura el presidente de la ReMC, David Gallego.
Tanto el Ayuntamiento de Málaga como la administración autonómica colaboran para que este importante encuentro anual sea posible y se profundice en la labor de vertebración territorial, educación, participación ciudadana y fomento de la convivencia que posibilitan los medios comunitarios. «La ReMC espera que ambas administraciones públicas intensifiquen el fomento del sector y colaboren para establecer un diálogo fructífero con otros gobiernos locales y autonómicos, así como con el ejecutivo estatal y los grupos políticos con representación en el Congreso y el Senado», subraya Gallego.
Más de 5.000 personas a la espera de que se cumpla la ley
En el conjunto del estado, más de 5.000 personas participan en los medios de comunicación comunitarios, generando contenidos y participando en su gestión. La Ley General de la Comunicación Audiovisual se reformó en julio del año pasado mejorando algunos aspectos de la sostenibilidad del sector y estableciendo medidas para la concesión de títulos habilitantes a los medios más veteranos, tras 12 años sin que el reconocimiento previsto en la normativa anterior tuviera efectos prácticos.
En la actualidad, el sector reclama que el Gobierno y las comunidades autónomas cumplan la legislación. La Ley encarga al Ejecutivo la planificación del espectro radioeléctrico para los servicios de comunicación comunitarios sonoros y audiovisuales, mientras que las autonomías tienen que conceder los títulos habilitantes. Sin embargo, aunque las comunidades autónomas han trasladado a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones las peticiones de estos medios, el Gobierno guarda silencio sobre su deber de planificar. De esta manera, se incumple la obligación de los poderes públicos de garantizar el derecho a comunicar de miles de personas implicadas en radios y televisiones sin ánimo de lucro.
