La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF, sindicato más representativo en la Administración de Justicia, destaca el seguimiento masivo de la huelga de 24 horas convocada este jueves entre los funcionarios y funcionarias de los Cuerpos Generales y Especiales de la Administración de Justicia por una subida salarial digna acorde con las funciones que desempeñan.
El paro, convocado por CSIF, STAJ, CCOO y UGT, ha sido secundado por el 90% de estos profesionales en la provincia de Málaga y en Andalucía, lo que ha provocado que sólo uno de cada diez juicios previstos para la jornada pudiera celebrarse en cumplimiento de los servicios mínimos.
Coincidiendo con la jornada de huelga, que se ha llevado a cabo en todo el país, los trabajadores han protagonizado una concentración ante la Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia en Málaga en protesta por la falta de propuesta económica por parte del Ministerio. CSIF lamenta las consecuencias que estas protestas tienen para la ciudadanía, si bien subraya que el único responsable es el Ministerio y su falta de sensibilidad para con los funcionarios de la Administración de Justicia.
A la convocatoria de este jueves seguirán huelgas de 24 horas los días 9, 10, 11, 16, 17 y 18 de mayo para reclamar negociación. CSIF denuncia que los funcionarios y las funcionarais de la Administración de Justicia desempeñan funciones esenciales que no son reconocidas ni retribuidas de ningún modo, al tiempo que subraya que los gestores procesales, tramitadores procesales, auxilio judicial o médicos forenses constituyen el 93% de todo el personal que hace posible que la justicia funcione.
La central sindical considera que el departamento que dirige Pilar Llop está ninguneando a estos profesionales, a los que trata como funcionarios de segunda, y recuerda que la actualización y reconocimiento de las distintas funciones en los juzgados son reivindicaciones históricas del colectivo.
En concreto, los funcionarios exigen una mejora salarial acorde con las funciones que realizan a diario, de entre 350 y 430 euros aproximadamente, que se llevaría a cabo a través del concepto de ‘Complemento general del puesto’, una retribución básica ligada a sus funciones, lo que permitiría elevar el sueldo al colectivo en todo el Estado, independientemente de la comunidad autónoma en la que trabajen.
