JJpD pide al gobierno un esfuerzo significativo para defender el servicio público que presta la administración de justicia.
El integrante del Secretariado de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpd), Edmundo Rodríguez Achútegui, ha reclamado al gobierno un “esfuerzo significativo” para mantener un servicio público esencial en el Estado de Derecho, como es la administración de justicia. Ante la convocatoria de huelga, afirma que “el deterioro que padece el servicio público judicial debe afrontarse con mayor inversión, ampliación de la planta judicial y del número de personas que sirven en la judicatura y fiscalía, actualización de las retribuciones y unas cargas de trabajo razonables de las que tiene que responsabilizarse el Consejo General del Poder Judicial”.
Según Rodríguez Achútegui, son necesarias un conjunto de medidas para mantener la confianza de la sociedad en el Poder Judicial, dirigidas a que puedan atenderse las demandas de la ciudadanía con rapidez y calidad, y no en la precaria situación en que se hace ahora. Destacó el representante de Juezas y Jueces para la Democracia que hay un importante número de tribunales que padecen sobrecarga de trabajo “que provoca demoras, menor calidad en la respuesta judicial y afectación de la salud de la magistratura, que no puede atender con rigor su función”.
Para este portavoz de JJpD, un compromiso del CGPJ, Ministerio de Justicia y Hacienda quizá evitaría “el enorme daño que puede provocar la convocatoria de huelga en la judicatura”. Denunció además que “el CGPJ dice apoyar a la judicatura en la Mesa de Retribuciones, pero no resuelve el endémico problema de la carga de trabajo, que debiera presidir su actuación por afectar a la ciudadanía y a la salud laboral de quienes están al frente de juzgados y tribunales”. Según el magistrado, “el CGPJ debe adoptar medidas paliativas, distribuir racionalmente la carga de trabajo y convocar las plazas judiciales a que está obligado, lo que no ha hecho”
“Es momento de responsabilidad, de asegurar la defensa de un Poder Judicial fuerte y una administración de justicia que sea un servicio público que garantice los derechos y libertades públicas”, afirmó el integrante del Secretariado de JJpD, que añadió que “la actualización retributiva es uno más de los impulsos que hay que dar para reconocer el compromiso y esfuerzo de la judicatura con la mejora del servicio público, junto al incremento de presupuestos para justicia, la ampliación de plazas judiciales, la asignación de cargas de trabajo que permitan analizar cada asunto minuciosamente y las mejoras de la eficiencia, pendientes de concretar en los proyectos de Ley Eficiencia Organizativa y Procesal”.
El representante de JJpD concluyó invitando a “los responsables públicos a concretar de manera tangible su compromiso con el buen funcionamiento del servicio público que presta la administración de justicia”, para lo que sería un paso en la buena dirección “mostrar una actitud conciliadora y constructiva en la reunión que hay prevista el 3 de mayo, en la sede del ministerio de justicia, que podría evitar el inevitable perjuicio que supondría una nueva huelga en nuestro ámbito”.
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