Colegio Profesional de Trabajo Social de Málaga
Desahuciar: “Quitar alguien toda esperanza de conseguir lo que desea” (R.A.E.)
El Instituto Nacional de Estadística a partir del año 2014, y de cara a mejorar la recogida de información sobre desahucios, comenzó a publicar, con carácter trimestral, tomando como base la inscripción en los Registros de la Propiedad las certificaciones de ejecuciones hipotecarias. En estos 9 años se han producido en Andalucía 75.891 ejecución hipotecaria de vivienda, que viene a representar 1 de cada cuatro ejecuciones realizadas en España, donde se han alcanzado las 303.790.
Si se analizan estos datos a nivel provincial, es Almería con 17.049, el 22,47% del total, la que se sitúa en primer lugar seguida de Sevilla y Málaga (15.869 y 12.995 respectivamente). Entre las tres provincias representan el 60,5% del conjunto de Andalucía.
Por su parte teniendo en cuenta los datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial, en cuanto a Lanzamientos considerados como positivos “Aquellos lanzamientos en los que el servicio común ha podido practicar el lanzamiento acordado por el juzgado”, viene publicando datos desde el inicio de la crisis en 2008. En este tiempo a nivel andaluz se han producido 83.137, correspondiendo a la ciudad de Málaga el mayor porcentaje con un 27,99% del total, lo que en valores absoluto hace un total de 23.273.
Otro dato importante para destacar es la diferenciación que se viene realizando por parte del Consejo General del Poder Judicial, en lo que respecta a los lanzamientos por ejecuciones hipotecarias con los lanzamientos derivados de la ley de Arrendamiento Urbanos, así en Málaga mientras en 2013 el 49,69% se correspondían a arrendamiento, en 2022 ha pasado a ser el 81,78%. Habiéndose producido en estos diez años (2013-2022) un total de 14.899 lanzamiento por la ley de Arrendamiento Urbanos.
Esta situación en cuanto a ejecuciones hipotecarias y lanzamiento (desahucio), no es sino el reflejo de una realidad, la utilización mercantilista que de la vivienda se viene realizando, siendo la misma un mero recurso financiero de intercambio para la obtención, en muchas de las ocasiones, de pingues beneficios.
Se plantea una doble vara de medir, ya que se articulan derechos individuales y privados, anteponiéndolos a la propia Declaración de Derechos Humanos, al recoger la misma la vivienda como derecho (art. 25). Más allá de todo un extenso conjunto de tratados internacionales relacionados con el derecho a una vivienda digna y adecuada, ratificados por España.
Así tenemos que el precio de vivienda nueva en 2019 se situaba en España con un índice de 128,285 y en Andalucía en 121,873, (INE), esta tendencia se ha modificado y en el último trimestre de 2022 se situó en Andalucía en un 164,477 y a nivel estatal en el 157,801. Lo que significa que en Andalucía se ha incrementado en un 35% en los últimos cuatro años, por un 23% en el conjunto de España, doce puntos más. No encontrándose los datos desagregados, lo cual dificulta el análisis, que nos obliga a realizarlo a nivel de la comunidad autónoma.
En cambio, en parámetros como la desigualdad, según el índice Gini, en los últimos 14 años España no ha bajado del 32%. Por el contrario, la tasa de riesgo de pobreza en Andalucía se ha visto incrementada en el período de 2008 a 2021 en un 18,32%, mientras en España fue del 9,6%. Y en lo que respecta a la renta por hogar en el mismo período (2008 a 2021), mientras en España ha subido un 6,13% en Andalucía tan sólo lo ha hecho en un 1,4%.
Por lo tanto, se requiere de un parque público que facilite y permita el acceso a la vivienda a la ciudadanía, sobre todo aquellos sectores de población con mayores índices de vulnerabilidad y que fueron definidos por el relator especial sobre la vivienda de Naciones Unidas, el Sr. Miloon Kothari en 2008, como: los jóvenes, las personas mayores, las mujeres, los inmigrantes, las personas con discapacidad funcional, las comunidades romaníes y las personas sin hogar.
Concretamente en el caso de Andalucía y de manera más específica en Málaga, y según el Registro Municipal de Demandante de Vivienda Pública, la ciudad acumula un total de 5.963 inscripciones activas de personas demandantes de una vivienda de protección, a datos de enero de 2023. Con un incremento en cuanto a las solicitudes en los últimos cuatro años de más de dos mil (2.249), cuando en el mismo período sólo se han cancelado por adjudicación 254. Con ese promedio de cancelación harían falta 86 años para que al número de personas inscritas se les haga efectivo su derecho a una vivienda digna y adecuada. Sin olvidar que el 67% de las personas solicitantes en Málaga, indican tener unos ingresos que se sitúan entre 0 y 1 IPREM (579,02 euros).
En las últimas semanas, Málaga está siendo testigo de una constante en cuanto a noticias en medios de comunicación por desahucios de familias, en muchos de los casos con menores en el entorno, y a primera vista en situación de vulnerabilidad. Algo que inicialmente resulta paradójico ya que a través del llamado “Escudo social”, implementado por el gobierno de la nación: “Se suspenden los desahucios hasta 30 de junio de 2023”.
Ante estas situaciones en lo concreto, pero sin perder de vista el derecho humano de acceso a una vivienda digna y adecuada, la profesión de Trabajo Social siendo fiel a la Declaración Internacional de Principios Éticos del Trabajo Social, no puedo situarse ajena ni al margen de un hecho tan grave como es el que a una persona de manera individual o junto a su familia, sea desahuciada.
Es por ello por lo que exigimos a los poderes públicos, cada uno en sus respectivos espacios competenciales, la puesta en marcha de medidas con carácter de urgencia, para:
- Que ninguna familia sea desahuciada sin que exista una alternativa habitacional estable, así como todo el apoyo necesario a nivel psicosocial a fin de superar lo que supone el afrontamiento de este hecho.
