La parlamentaria andaluza por Sevilla ha denominado como “lista de espera de la desidia” la existencia en Andalucía de 36.606 personas reconocidas con derechos a la espera de atención y otras 47.503 andaluces y andaluzas que están pendientes de que se tramite su expediente y sea valorada su situación para comprobar qué servicio o prestación de la Dependencia les corresponde.
En palabras de Esperanza Gómez esta situación es “cruel y lamentable en el sistema de servicios sociales de un país de Europa en pleno siglo XXI” mostrando su indignación al “no entender” cómo puede llevar entre 344 días y más de un año “tramitar e informar un expediente cuya gestión está tan medida y desde hace tantos años que debería ser mucho más ágil”.
La también coportavoz federal de Más País “a este ritmo de atención y gestión se tardarían 2,7 años en atender la lista de espera que soporta Andalucía, un lapsus que es inadmisible para aquellos que dependen de este derecho para mejorar su calidad de vida, pero también para el bienestar de sus familias”.
Por este motivo Gómez cree necesario un “plan de choque autonómico” que en colaboración con las entidades locales y provinciales “refuerce” el plan homólogo estatal y solvente en una “horquilla de tiempo razonable” las necesidades de dependencia de “decenas de miles de familias que no tienen ayuda alguna y en muchas ocasiones ven como su familiar fallece antes”.
Y es que según el Dictamen del Observatorio de la Dependencia de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, Andalucía recibió en 2021 y 2022 una financiación extraordinaria de 348,1 millones de euros pero en 2022 sólo se han atendido 13.405 nuevos dependientes, la mitad que en el ejercicio 2021 (28.3672), y tan sólo se ha reducido la lista de espera en -1.719 personas, mientras que el año anterior lo hizo en -18.209 personas.
Se han generado 6.640 nuevos empleos (el año anterior 10.249), aproximándose la CA a los 70.000 empleos, y dejando de crear otros 5.000 empleos por estos retrasos acumulados, aunque sigue siendo la CA en la que más empleos directos genera el SAAD.
Concluye Esperanza Gómez recordando que “no hay derecho adquirido, y el de la Ley de Dependencia costó mucho conseguirlo, que sea real o que tenga la efectividad pretendida, si no se llega a desarrollar, si se tarda un año en ser otorgado o si una parte importante de tu población con derecho a él no llega a percibirlo”.
