La ministra portavoz, Isabel Rodríguez, reconoció este martes que retocar la ley del ‘solo sí es sí’ es «una cuestión compleja», pero añadió que «la mejor forma de defender esta lay es llevar a cabo los ajustes técnicos necesarios».
Así se expresó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde defendió la norma porque dijo que «es una buena ley, pionera, que conquistamos las mujeres en la calle». Sin embargo, indicó que «en su aplicación está teniendo efectos no deseados» y remarcó que los cambios no afectarán «al consentimiento», «piedra angular de la norma». «No tocaremos ni una sola coma referida al consentimiento», reiteró.
Rodríguez no aclaró cuáles serán los ajustes técnicos necesarios aunque todo indica que estarán relacionados con las penas para que dejen de producirse rebajas en las mismas y los condenados dejen de tener ventajas. Hasta el momento más de 300 condenados han visto recortada su pena por la entrada en vigor de la ley del ‘sólo sí es sí’.
Sobre por qué ha tardado tanto tiempo el Ejecutivo en trabajar en la reforma de la ley, Rodríguez reseñó que «desde el Gobierno estamos estudiando cada una de esos pronunciamientos desde el primer momento y seguido con atención al Tribunal Supremo, esperando la unificación de la doctrina. Después el presidente del Gobierno, a principios de diciembre, ya anunció que si fuera necesario se harían retoques técnicos, son fórmulas que no son nada fáciles».
Sobre la posibilidad de que el Ministerio de Igualdad no acate los cambios, la ministra portavoz se mostró conciliadora y dijo que espera que haya acuerdo, sobre todo porque «no se tocará ni una coma que afecta al consentimiento». Ayer la secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez, se pronunció también esperanzada de logar un acuerdo sobre la ley, «siempre y cuando no se cambie el espíritu de la misma», que el consentimiento siga siendo la parte principal de la misma.
Por su parte, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños agregó en la rueda de prensa que «el Gobierno comparte la preocupación social por esta cuestión» y se comprometió a «acabar con los efectos indeseados de la ley».
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