Amnistía Internacional ha denunciado que, después de 35.000 muertes de personas mayores en las residencias durante la pandemia, las víctimas y familiares solo han recibido «opacidad por parte de la Fiscalía y ausencia de justicia en los tribunales».
«El abandono sufrido por las familias y la impunidad son patentes en seis instituciones del estado. Ni Gobierno central ni autonómico, ni Congreso de los Diputados, ni la Fiscalía General del Estado ni Defensoría del Pueblo ni el Consejo General del Poder Judicial han hecho los deberes para modificar esta situación y resarcir a las víctimas cuyos derechos han sido violados», ha asegurado el director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán.
Ante esta situación, reclama la reapertura de los casos archivados por la Fiscalía y que las autoridades reconozcan públicamente lo sucedido con un acto en el que se comprometan a buscar la verdad y garantizar la justicia y la reparación para todas las víctimas.
Esta situación de abandono se refleja en testimonios como el de Mercedes Huerta, familiar de una de las víctimas de las residencias madrileñas durante la primera ola de la pandemia y miembro de la Plataforma Verdad y Justicia. «Me he sentido abandonada, decepcionada y algo que no podré entender nunca: cómo una sociedad puede participar una masacre de estas características, única en la democracia, y que aún nadie haya tomado medidas para que se haga justicia y, sobre todo, para que nunca más se vuelva a repetir», ha manifestado.
Según señala Amnistía Internacional, las autoridades han «incumplido» su obligación de investigar de forma «exhaustiva y adecuada» las vulneraciones de derechos humanos sufridas por las personas mayores que vivían en las residencias. Amnistía Internacional documentó cinco violaciones de derechos humanos: vulneración del derecho a la vida, a la salud, a la no discriminación, a la vida privada y familiar y el derecho a una muerte digna.
