Ayer el Perú fue protagonista de un acto de total mezquindad y abuso del poder; pero minutos más tarde, fue protagonista también de miles de actos de solidaridad con nuestros hermanos del sur.
Sí. Ayer, el gobierno de la presidenta Dina Boluarte, amparado en las fuerzas policiales y el marco legal, utilizó todo su poder para desalojar a los hermanos del sur que habían llegado desde diversos departamentos del país para exigir nuevas elecciones del Ejecutivo y Legislativo. El mensaje fue evidente: impedir la llegada de más manifestantes y acabar de una vez con la protesta social.
Con total indignación los peruanos hemos visto cómo un contingente desmesurado de policías, y un tanque militar, rompieron la entrada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que estaba franqueada solo por pancartas de protesta, para detener y desalojar a más de 100 manifestantes que aun se encontraban en el claustro universitario (desde el día jueves 19 muchos se habían trasladado hacia la Universidad Nacional de Ingeniería, porque se vencía el plazo -para mantenerse en el campus- que había establecido la rectora de la universidad Jeri Ramón Ruffner y el gobierno. Ese día también se hizo presente un contingente aproximado de 500 policías, sin haber sucedido ningún «acto de vandalismo» pero ya se intentaba desalojar a los manifestantes. Hoy, con el mismo modus operandi, quiere justificarse la intromisión por supuestos actos vandálicos o por la llegada de más manifestantes).
Cabe señalar que, otro tanque y varios microbuses llenos de policías también se apostaron en el frontis de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) haciendo prever que sucedería lo mismo que en San Marcos. No obstante, el rector de esta casa de estudios, Pablo Alfonso López-Chau, hizo respetar la autonomía universitaria (la Universidad, en uso de su autonomía, puede rechazar las intervenciones de las Fuerzas Armadas y acoger a los débiles, y los más débiles: los estudiantes que vienen a marchar y a protestar pacíficamente (…). Con ello se impidió el ingreso, protegiendo a los manifestantes. Hoy la Contraloría de la República evalúa si el rector cometió el delito de peculado al disponer de un bien público (artículo 388 del Código Penal).
Solidaridad con los detenidos
Luego del ingreso de la policía, se procedió a la detención de todos los manifestantes que se encontraban en el claustro de manera pacífica. No estaba la Defensoría del Pueblo, ni la Fiscalía (según lo estipula la ley) ni nadie que pudiera defender a los detenidos. Así, fueron trasladados 101 ciudadanos a la DIRINCRI y 93 a la Prefectura ubicada en el jirón España y Alfonso Ugarte, en pleno centro de Lima.
La falta de garantías para los detenidos y el trato inhumano como si fueran delincuentes, fue el detonante para que cientos de peruanos se dieran cita en la Prefectura, adonde trasladaron a los manifestantes. Fue una respuesta espontánea y contundente de cientos de peruanos para garantizar los derechos humanos de los detenidos.
La vigilia fue hasta altas horas de la noche y hoy, domingo, se prevé la misma movilización por los detenidos.
De otro lado, el Acuerdo Institucional Sanmarquino (agrupación de docentes de la Universidad San Marcos) pidieron la renuncia de la rectora por el ingreso de la policía a la ciudad universitaria, el respeto a todos los ciudadanos y que cese ‘la matanza de peruanos con la brutal represión’.
Paro nacional el lunes 23
Estos hechos sucedieron mientras la Asamblea Nacional de los Pueblos (ANP) (agrupación que cohesiona la organización de las actuales marchas) anunció, a través de su coordinador nacional Marino Flores Gonzales, que este lunes 23 se iniciará un nuevo Paro Nacional con las mismas demandas: renuncia y juicio a la presidenta Dina Boluarte, proceso Constituyente a partir de un referéndum consultivo, cierre del Congreso de la República, nuevas elecciones con nueva Constitución Política y excarcelación del ex presidente Pedro Castillo.
Foto: Expreso.
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