Se cumplen ya dieciséis años de la sentencia judicial que paralizó la construcción del hotel del Algarrobico en la costa almeriense, una obra iniciada en 2003 que pretendía edificar un hotel con una altura de 22 pisos y 411 habitaciones a escasos metros de la costa de Carboneras, y que varios grupos ecologistas locales y nacionales denunciaron y consiguieron paralizar a pocos meses de su inauguración.
Se iniciaba así un largo y rocambolesco proceso judicial, en el que los grupos conservacionistas insistían en la ilegalidad de la construcción por incumplir la Ley de Costas, ya que parte de su estructura se encuentra a solo 47 metros de la línea de costa y no a las 100 metros de dominio público marítimo-terrestre que dicha Ley establece como servidumbre de protección y en los que está prohibido construir; pero también que incumplía el Plan de Ordenación de Recursos Naturales del Parque Natural Cabo de Gata- Níjar, que define la parcela donde está el hotel como no urbanizable el estar en una zona de la máxima protección dentro de dicho Parque Natural.
Mientras, por su parte, la empresa constructora argumentaba a favor de la legalidad del hotel al contar con todos los permisos pertinentes otorgados por el Ayuntamiento de Carboneras, la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Almería y la Junta de Andalucía.
Desde entonces se han producido más de 30 pronunciamientos de los tribunales a propósito de este hotel, y aunque la mayoría de estas sentencias reiteran su ilegalidad y por tanto la necesidad de demolerlo restituyendo a su estado original los terrenos en los que se construyó, de vez en cuando aparecen nuevas sentencias, como la última del Tribunal Supremo de 19 de diciembre de 2022, que afirma que el hotel no se puede demoler mientras esté en vigor la licencia de obras que le otorgó el Ayuntamiento de Carboneras, contradiciendo una sentencia anterior de este mismo tribunal de 19 de abril de 2018 que obligaba a que dicho consistorio modificara el PGOU del municipio y clasificara como no urbanizables los terrenos donde se encuentra construido el hotel.
Se vuelve así al punto de partida, entrando en un peligroso bucle, en el que el TSJA rechaza anular la licencia de obras, pese a considerar «que esta construcción es carente de toda razón» y se reitera en que el Ayuntamiento ha de revocar de oficio el permiso de obras para que pueda procederse a la demolición del hotel; pero sin embargo no toma ninguna decisión para obligar a la corporación municipal a cumplir la sentencia firme de 2018.
Así las cosas, Greenpeace y Salvemos Mojácar (grupos ecologistas personados en la causa) van a acudir al Tribunal Constitucional pidiendo la nulidad del fallo acordado por el TSJA en diciembre de 2022, y si fuese necesario elevarían el caso a la justicia europea, para que sea el Tribunal Europeo de Justicia el que ponga fin a este lamentable despropósito urbanístico, que lleva enquistado veinte años y que responde a un insostenible modelo de desarrollo turístico hoy más que superado.
Y por eso, mientras Estrasburgo se pronuncia a favor de la demolición del hotel, desde Verdes Equo proponemos que en vez de la voladura del edificio con la que tantos ciudadanos sueñan, se produzca una «deconstrucción» ordenada que permitiría que los más de 40.000 metros cúbicos de residuos generados puedan aprovecharse como materiales de construcción, escolleras o arrecifes artificiales; a la vez que se crearían puestos de trabajo especializados en este tipo de desmantelamiento sostenible y se podría recuperar gran parte de la inversión económica que se necesitaría para demoler el hotel y restaurar los 65.800 metros cuadrados del terreno afectado.
Porque solo así se podría resarcir a la localidad de Carboneras de la vergüenza sufrida durante tantos años, y convertir en una oportunidad de desarrollo sostenible esta lamentable intervención urbanística.
