- Como es habitual, dos Comunidades, Navarra y País Vasco, destacan con elevados porcentajes de beneficiarios respecto a su población bajo el umbral de la pobreza, 75,8% en Navarra y 55,8% en el País Vasco. Por el contrario, con un 0,6%, en Castilla-La Mancha se confirma la extinción de estas RMI.
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La cuantía media por perceptor de las RMI en el conjunto de España supone el 15,9% de la renta media por hogar en nuestro país. Una cuantía extremadamente baja y que se ha reducido más de un punto desde 2019, pasando del 17,1% al 15,9%.
- Cataluña, Baleares, C. Valenciana y Asturias son las Comunidades que están por encima de la media. Por el contrario, en Murcia, Madrid y Aragón el porcentaje que supone la cuantía media de las RMI ni siquiera alcanza el 10% de la renta media por hogar en esas Comunidades.
Abandono de las familias en riesgo de exclusión social. Pobreza no es igual a exclusión social
Estos datos ponen de manifiesto que muchas Comunidades han desmantelado o están desmantelando su sistema de protección a las personas y familias en situaciones de exclusión social. Porque el IMV trata de aliviar situaciones de pobreza, aunque por su cuantía, resulta a todas luces insuficiente. Pero no es lo mismo pobreza que exclusión social. Pobreza es solo carencia material. La exclusión social se debe, en palabras del Anteproyecto de Ley de Servicios Sociales, a “la acumulación de vulnerabilidades y la imposibilidad de salir sin apoyos de dicha situación, viéndose seriamente limitado el ejercicio de sus derechos”.
La finalidad de las Rentas Mínimas de Inserción es facilitar la inclusión social, por lo que deben orientarse a apoyar a las personas y familias con ayudas económicas y acompañamiento profesional. Por eso exigimos a las Comunidades que, como ya ha hecho alguna de ellas, destinen el “ahorro” que ha supuesto la implantación del IMV a reforzar sus programas de inclusión social que, entre otras causas, pueden estar producidas por las situaciones de pobreza prolongadas.
