Sede de la subdelegación del gobierno de la Junta
CSIF Málaga ha convocado una concentración este miércoles ante la Delegación del
Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, a las 10:00 horas, bajo el lema
“Servicios públicos, lo primero”, contra el deterioro de los servicios públicos en la
comunidad autónoma y las dificultades a las que se enfrentan a diario los trabajadores
y trabajadoras que hacen posible su prestación.
El presidente provincial de CSIF Málaga, Francisco Javier Domínguez, estará presente en la concentración, que se desarrollará de manera simultánea en el resto de provincias andaluzas.
Con ello arranca un calendario de protestas con el que se quiere visibilizar la realidad
que viven los profesionales en los distintos servicios del sector público, que difiere
sustancialmente de la que describe el Ejecutivo andaluz, según CSIF, que cuestiona
además la apuesta que el Gobierno autonómico dice tener por dichos servicios, con una
progresiva externalización de los mismos, como está ocurriendo en la Sanidad, en el
Servicio Andaluz de Empleo o en el servicio del Personal Técnico de Integración Social
(PTIS) de Educación.
Después de que la central sindical se echara a la calle el pasado 24 de septiembre en
Madrid con una gran concentración a nivel nacional por el deterioro de los servicios
públicos y la falta de medidas al respecto del Ejecutivo central, ahora lo hace contra el
déficit de personal que acumulan en Andalucía los ámbitos sanitario, educativo de Justicia y de la Administración General de la Junta –competencia de la comunidad autónoma– y que el sindicato cifra en 45.000 trabajadores y trabajadoras a nivel regional.
La sanidad pública andaluza, por su parte, cuenta con 16.000 efectivos menos, según
recoge la plantilla media del segundo trimestre de 2022 del Servicio Andaluz de Salud en relación a la media del año 2021. Igualmente, en el sistema sanitario público hay
actualmente 12.000 trabajadores y trabajadoras a los que les expira el contrato a 31 de
diciembre próximo y que deberían hacerse estructurales, en consonancia con las
necesidades que cubren.
CSIF reprocha a la Administración que “haya olvidado el valor real y la entrega de los
profesionales de la sanidad pública, que son a los que aplaudíamos desde nuestras
ventanas en el confinamiento”, a juzgar por decisiones como por ejemplo recortarles la
productividad (el conocido como CRP) por segundo año consecutivo.
Educación y Justicia
En cuanto a la Educación Pública en Andalucía, lamenta la destrucción de unidades
en la escuela pública, con 1.256 menos en los últimos tres cursos escolares completos, y
el hecho de que no se haya aprovechado la bajada de la natalidad para recudir la ratio.
Igualmente, denuncia el exceso de burocracia innecesaria que afecta al sistema educativo
público y cuya eliminación podría traducirse en efectivos de apoyo y desdobles.
La atención a la diversidad constituye también una asignatura pendiente, ya que el
incremento de los profesionales de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje en el
sistema no es proporcional el creciente número de alumnado con necesidades específicas
de apoyo educativo (NEAE), de manera que la Junta de Andalucía quiere hacer más con
mucho menos de lo necesario y esto es lo que provoca que exista una crítica unánime por
parte de la comunidad educativa en este sentido.
CSIF cifra en 12.000 los profesionales que sería necesario incrementar en las plantillas docentes de Andalucía para que estuvieran adecuadamente dimensionadas: 6.000 efectivos del Cuerpo de Maestros, 4.600 de Secundaria y 1.400 de PT y AL para la atención a la diversidad.
Por otra parte, en materia de Justicia CSIF estima que Andalucía necesita más de 50
nuevos juzgados y ampliar las plantillas en unos 500 efectivos más para poner fin a la Justicia tardía, al tratarse un déficit que es histórico y estructural. En cuanto al Sector de la Administración General de la Junta de Andalucía, cuenta con una plantilla muy envejecida además de no cubrirse las jubilaciones y las bajas que se producen. Además el sindicato recuerda que en 2030 jubilarán 11.533 trabajadores y trabajadoras, entre funcionarios y personal laboral, según datos de la propia Administración.
