El Gobierno y el sector bancario han llegado a un acuerdo sobre las medidas que adoptarán para aliviar la carga hipotecaria de más de un millón de familias vulnerables o en riesgo de vulnerabilidad por la subida del Euríbor, preservando la estabilidad financiera, según ha informado el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
La negociación que el Gobierno mantiene con las patronales bancarias (AEB, CECA y UNACC) y con el Banco de España continúa abierta, a falta de cerrar los últimos detalles, pero está previsto que el Consejo de Ministros apruebe este martes la ampliación del catálogo de medidas a las que podrán acceder los hogares para reducir su carga hipotecaria de manera efectiva y tener más certidumbre en su nivel de gasto a medio y largo plazo, pudiendo elegir la medida que mejor se ajuste a sus necesidades y situación financiera.
En concreto, el paquete de medidas actuará en tres vías: mejorando el tratamiento de las familias vulnerables, abriendo un nuevo marco de actuación temporal para familias en riesgo de vulnerabilidad por la subida de tipos y adoptando mejoras para facilitar la amortización anticipada de los créditos y la conversión de las hipotecas a tipo fijo.
Para los deudores hipotecarios vulnerables (con rentas inferiores a 25.200 euros al año, tres veces el IPREM) se ampliará y reforzará el Código de Buenas Prácticas aprobado en 2012, de forma que podrán reestructurar el préstamo hipotecario con una rebaja del tipo de interés durante el periodo de 5 años de carencia (hasta Euríbor -0,10%, desde el Euríbor +0,25 actual). Asimismo, se ampliará a dos años el plazo para solicitar la dación en pago de la vivienda y se contempla la posibilidad de una segunda reestructuración, en caso necesario.
Vulnerabilidad
Por otro lado, se propone un nuevo Código de Buen Gobierno que dé alivio a los deudores de clase media en riesgo de vulnerabilidad por el incremento de la cuota hipotecaria, facilitando a las familias una adaptación más gradual al nuevo entorno de tipos de interés.
Podrán beneficiarse de estas medidas los hogares con renta inferior a 29.400 euros anuales (tres veces y media el IPREM) e hipotecas suscritas hasta el 31 de diciembre de 2022 que tengan una carga hipotecaria superior al 30% de su renta y que haya subido, al menos, un 20%.
