La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha convocado para este miércoles a las 13.30 horas una concentración ante la Dirección General de la Agencia Tributaria contra el deterioro de las condiciones laborales en este organismo y la calidad del servicio público que se presta a la ciudadanía.
Según denuncia el sindicato, la Agencia Tributaria tiene bloqueada la negociación de diferentes asuntos en materia de condiciones laborales, como la actualización de retribuciones, la carrera profesional, la movilidad o la evaluación del desempeño, pese a que se firmó un acuerdo en 2007 que lo contemplaba. Además, «restringe» la posibilidad de acogerse al trabajo a distancia.
De hecho, CSIF ha presentado una reclamación en vía administrativa contra el Ministerio de Hacienda y de Función Pública por inactividad, para que publique de una vez el Real Decreto que desarrolla el teletrabajo en la Administración General del Estado.
En el caso concreto de la Agencia Tributaria, el sindicato explica que no se ha negociado en el marco de las medidas sobre ahorro energético, se imponen los días y en muchos departamentos solo se permite desempeñar un día en esta modalidad de trabajo.
Reorganizar la lucha contra el fraude y el déficit de personal
CSIF también denuncia que no se han atendido las reiteradas peticiones para reorganizar la Agencia Tributaria en materia de lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida. «Para nuestro sindicato, es fundamental la creación de la Policía Fiscal, cuyo embrión se encuentra en el actual Servicio de Vigilancia Aduanera. Asimismo, reivindicamos negociar las condiciones laborales pendientes del personal de este servicio, como la jubilación anticipada», ha reclamado el sindicato.
CSIF denuncia que viene observando un deterioro progresivo a lo largo de estos últimos años en la negociación colectiva y en las condiciones laborales de los empleados públicos de la Agencia Tributaria. A esto añaden la crítica por la pérdida de personal que la Agencia ha sufrido desde el año 2008, «que lastra la eficacia de la institución en la lucha contra el fraude fiscal» y supone en términos comparativos con otras economías del entorno un déficit de personal de unos 5.000 empleados.
