La portavoz adjunta de la coalición progresista, Esperanza Gómez, ha adelantado una
pregunta que realizará a la Consejería de Universidades sobre el “abuso de la figura
del interino en el desempeño de funciones estructurales de las universidades
andaluzas” y la necesidad de consolidar esos puestos “sin apaños temporales”.
Según la presidenta de Más País Andalucía “La portavoz adjunta de la coalición progresista,
Esperanza Gómez, ha adelantado una pregunta que realizará a la Consejería de Universidades, Investigación e Innovación sobre el “abuso de la figura del interino en el desempeño de funciones estructurales de las universidades andaluzas”, como muestra de la precariedad de las contrataciones en las universidades públicas.
Según la presidenta de Más País Andalucía “la proliferación y el mal uso de las figuras contractuales del Personal Interino Sustituo (PSI), como del Profesorado Asociado, son efectos de la falta de financiación de las universidades y del escaso control realizado por el Gobierno de la Junta para mejorar el empleo público en estas instituciones”. Critica la representante de la coalición que “el Personal Interino Sustituto está pensado para situaciones puntuales, no para cubrir puestos estables, con salarios ínfimos y una desmesurada carga de trabajo”.
Además, afirma que la estabilización anunciada por la Junta, y que consiste en la contratación como “Ayudantes Doctores”, tampoco es la mejor solución, ya que “esta figura está pensada para jóvenes que inician su actividad investigadora, sigue siendo un formato temporal y no permite valorar la experiencia”.
Según Esperanza Gómez, si se aplicase a día de hoy el Real Decreto de Creación, Reconocimiento y Autorización de Universidades, que fija el límite de contratos temporales a un 40%, “cuatro Universidades públicas de Andalucía no serían reconocidas como tales: la UPO, la UHU, la UCA y la UMA”. Y esto es un problema derivado de la falta de financiación y planificación que, en la mayoría de los casos, obliga a las Universidades a buscar fórmulas más baratas, en detrimento de la calidad de la enseñanza, de la investigación o de las condiciones laborales del PDI (Personal Docente e Investigador).
