La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, entregó este jueves el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023 a la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, con el fin de iniciar su tramitación parlamentaria, después de que el pasado martes fuera aprobado en Consejo de Ministros.
Montero llegó a la Cámara Baja en torno a las 10.00 horas, acompañada por la secretaria de Estado de Presupuestos, María José Gualda; el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón; la secretaria de Estado de Función Pública, Lidia Sánchez Milán, y la subsecretaria del Ministerio de Hacienda y Función Pública, Pilar Paneque.
Tras comparecer ante los medios gráficos en el Patio de Floridablanca, la ministra entró al Palacio del Congreso para reunirse con Batet y en torno a las 10.15 horas le hizo entrega del Proyecto de Ley en el Salón de los Pasos Perdidos, como es habitual.
PLAZOS
Se trata del séptimo año consecutivo en el que la tramitación del proyecto de Presupuestos no comienza dentro del plazo marcado por la Constitución Española, que en su artículo 134 establece que el proyecto de cuentas públicas debe presentarse al Congreso de los Diputados “al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior”, es decir, antes de finalizar septiembre. De esta forma, las cuentas de 2016 son las últimas cuya tramitación transcurrió dentro del plazo marcado de forma oficial.
En cualquier caso, esta demora de una semana no hace peligrar el objetivo de que las cuentas queden aprobadas antes de terminar el año, para así entrar en vigor el 1 de enero.
De hecho, la Ley de Presupuestos Generales del Estado, tal y como establece el Reglamento del Congreso de los Diputados, goza de preferencia en su tramitación sobre el resto de proyectos y proposiciones de ley, para ajustarse a los plazos establecidos.
JUSTICIA SOCIAL
Durante la presentación de los presupuestos hace un par de días, el pasado martes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Montero resaltó que “no puede haber justicia social sin eficiencia económica”, ya que esta justicia social es “condición necesaria para posibilitar el ensanchamiento de la clase media y trabajadora”.
Montero destacó que estos incrementos no se han producido con la ayuda de los fondos europeos Next Generation-EU, por lo que se trata de un “cambio estructural”.
La ministra apuntó que el sector público “no es un lastre”, sino que es “uno de los motores que nos permiten la creación de empleo”. En este sentido, resaltó el incremento en gasto de personal de un 6,6%, hasta los 20.502 millones, algo que se explica “por la mejora salarial del 2,5% que experimentará el gasto de personal y que se podrá incrementar en un punto adicional en función de cómo se comporte la inflación y el crecimiento”.
Sobre el escollo en el cierre del acuerdo con Unidas Podemos por la Ley de Vivienda, Montero señaló que “no parece lógico” que el año pasado se acordasen los presupuestos tras pactar los socios de Gobierno la tramitación del anteproyecto de ley y que este año las cuentas vuelvan a depender de la misma normativa.
PARTIDAS
El Gobierno elevará el gasto social hasta los 266.719 millones de euros en el año 2023. “Si dejamos fuera los fondos europeos, seis de cada diez euros corresponden a gasto social”, aseveró la ministra de Hacienda, quien indicó que es “la mayor cifra nunca registrada para estas partidas”. Los fondos europeos que este año incorporan los presupuestos ascienden a 25.156 millones.
Asimismo, explicó que la revalorización de las pensiones para el próximo ejercicio será del 8,5%, una cifra que se calculará en noviembre con la media interanual del Índice de Precios al Consumo (IPC). En concreto, Montero anunció que la política de pensiones se incrementará en un 11,4%, sumando a los pensionistas que se incorporen a las prestaciones, pero también una revalorización de las pensiones que se situará en torno al 8,5% y que “se medirá en el mes de noviembre como establece la ley que aprobó este Gobierno”.
Además, se transferirán casi 2.540 millones para “dar cobertura” a la subida de prestaciones como las pensiones no contributivas o por nacimiento y cuidado de un menor.
La política sanitaria tiene una subida en su presupuesto del 6,7%, con 172 millones de euros para la atención primaria y 500 millones “en infraestructuras, principalmente dirigidas a la salud mental y la Atención Primaria”. También se transferirán 50 millones de euros a los centros universitarios para aumentar las plazas de estudiantes de medicina.
En Dependencia, el gasto se incrementa en 600 millones de euros y en educación la subida es del 6,6%. Montero destacó la partida de becas, con un incremento de 390 millones “ara que ningún joven se quede sin estudiar en la universidad”.
El Ministerio de Transportes incrementa su presupuesto un 41,2% hasta los 700 millones, siendo “la mayor parte de esta cifra” la transferencia a Renfe para mantener la gratuidad de los abonos de Cercanías y Media Distancia. “Vamos a convertir esta política en estructural y queremos ver los resultados concretos que aporta el transporte público para la transición ecológica”, indicó.
La partida de Vivienda, se incrementa, por su parte, un 5,4%, hasta los 3.472 millones de euros debido a la introducción de un plan de alquileres “asequibles” de 260 millones de euros y la consolidación del Bono Alquiler Joven, con 200 millones.
Por otro lado, Montero explicó que se produce un incremento en Agricultura, Industria, Energía, Comercio, Pymes, Desarrollo e Innovación. “Es aquí donde se visibiliza el impacto de los fondos europeos”, señaló Montero, quien recordó que los presupuestos contemplan 30.000 millones de los fondos de recuperación y de la última anualidad de React-UE. Montero destacó la subida del 22% en la partida de I+D+i, hasta los 16.328 millones de euros.
Para el Ministerio de Defensa, se recoge un aumento del 25% del gasto militar al elevar de la partida de los Programas Especiales de Modernización del Ministerio de Defensa. La ministra señaló que “estos programas especiales modernizan nuestras Fuerzas Armadas y se computan en distintas anualidades”.
Para 2023 “asciende a 4.900 millones y la mayor parte de esta cifra corresponde a contratos para la industria nacional”. Sin contar estos programas, el Ministerio aumentará sus recursos en un 6,5%, cifra que se incrementa hasta el 8,4% si se incluyen los fondos europeos.
Montero destacó que “sólo dos partidas” experimentan una caída en el presupuesto respecto al año anterior. Son gasto en desempleo “por el mejor comportamiento del mercado laboral” y el de servicios de carácter general, “por los menores recursos de financiación al déficit que experimentan otras administraciones”.
RECAUDACIÓN
Para el proyecto de presupuestos, el Gobierno contempla unos ingresos tributarios de 262.781 millones de euros en 2023, lo que supone un incremento del 7,7% con respecto a la previsión de cierre de 2022, al recaudar 18.710 millones más.
Teniendo en cuenta también los ingresos no tributarios, los ingresos no financieros se elevarán hasta los 307.445 millones de euros, un 6% más que este año, con 17.422 millones adicionales. “Es un presupuesto prudente y en línea con la responsabilidad fiscal”, destacó Montero, quien señaló que permitirá reducir el déficit público hasta el 3,9%, en línea con lo comprometido con Bruselas.
Entre los distintos impuestos, por IRPF el Gobierno espera recaudar 113.123 millones, un 7,7% más con 8.083 millones adicionales, y 28.519 millones por el impuesto de sociedades, también un 7,7% más con 2.036 millones adicionales. Además, por IVA prevé una recaudación de 86.093 millones, un 5,9% más con 4.782 millones adicionales.
Entre las novedades fiscales, destaca la creación del impuesto de solidaridad de las grandes fortunas para patrimonios netos superiores a tres millones de euros. En el pago de esta nueva figura de carácter temporal será deducible la cuota del impuesto sobre el patrimonio satisfecha a la comunidad autónoma correspondiente. Sobre su continuidad más allá de los dos años de vigencia previstos, respondió que “una vez que termine ese periodo evaluaremos” y se decidirá si se plantea “la política fiscal de aquellas grandes empresas de una forma sosegada y que nos permita”.
Montero destacó que se han elaborado las cuentas con un ‘techo de gasto’, de 198.221 millones de euros para 2023, lo que supone un gasto “récord” y un incremento del 1,1% más sobre el de 2022. Sin contar con los fondos europeos, la cifra es de 173.065 millones, un 1,9% más, lo que también es un “hito sin precedentes en la historia presupuestaria”.
(SERVIMEDIA)
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