La diputada provincial del PSOE Patricia Alba ha pedido a la Junta de Andalucía que desarrolle de inmediato los contenidos de la nueva ley educativa, la LOMLOE. Los socialistas han presentado una moción en la Diputación de Málaga que se debatirá en comisión el próximo martes instando al gobierno de la Junta de Andalucía a desarrollar con carácter inmediato los contenidos de la nueva ley educativa con el objeto de sustituir los libros de texto y que los docentes puedan tener material para la aplicación de la nueva norma.
En el caso de que no diera tiempo a entregar a los centros el material con el desarrollo de la nueva ley educativa, el PSOE pide a la Junta que forme a los docentes con el objeto de que puedan impartir clases bajo las directrices de la LOMLOE. Además, los socialistas reclaman al Gobierno andaluz que incremente la partida de gastos de funcionamiento destinada a los centros para el desarrollo de la nueva norma con el objeto de poder cubrir cualquier material propio que necesiten para llevar a cabo la “recomendación” de elaborar el material para el nuevo curso escolar.
“El Gobierno de Moreno Bonilla no ha hecho sus deberes a diferencia de otras comunidades autónomas. No ha adaptado los libros de texto a la nueva ley educativa, la LOMLOE. A pocas semanas de iniciar el curso encomendó a los docentes elaborar el material”, ha asegurado Alba. De esta forma, ha recordado que en diciembre de 2020 se aprobó la Ley Orgánica 3/2020 de modificación de la LOE, conocida por la Ley Celaá, LOMLOE, octava ley educativa de la democracia en España y que ha venido a sustituir a la LOMCE.
Según establece la propia ley, su principal objetivo es “establecer un renovado ordenamiento legal que aumente las oportunidades educativas y formativas de toda la población, que contribuya a la mejora de los resultados educativos del alumnado, y que satisfaga la demanda generalizada en la sociedad española de una educación de calidad para todos y todas”.
“Desde que se aprobó la citada norma se ha iniciado una campaña de desprestigio y mentira, con el único objetivo de cuestionar y tapar todo lo positivo que puede aportar al sistema educativo como la transformación del currículo educativo, con metodologías adaptadas a la sociedad actual y un sistema de evaluación acorde con el avance educativo y todo ello con el único objetivo de luchar contra los dos grandes problemas del sistema educativo de nuestra tierra, el fracaso escolar y el abandono escolar”, ha explicado.
“La nueva ley educativa pretende potenciar el “saber hacer” del alumnado” frente al saber memorístico, con el objetivo de que se desarrollen diferentes competencias, así como, potenciar el aprendizaje significativo o de investigación frente a las clases magistrales”, ha añadido. La ley establece que entrará en vigor de forma escalonada, concretamente en el curso 2022-2023 para los cursos impares de la ESO y el siguiente curso, es decir, 2023-2024, para el resto.
“Al introducir modificaciones en el currículo, las comunidades autónomas, competentes en materia educativa, tenían que adaptar los contenidos. De esta forma, nos encontramos con el hecho de que siete comunidades no han aprobado los temarios escolares. Entre ellas se encuentra Andalucía, bajo la excusa de que los decretos de mínimos se aprobaron tarde, pero lo cierto es que los mismos salieron adelante entre febrero y abril, permitiendo que las comunidades pudieran hacer su trabajo, de hecho, muchas de ellas sí lo han aprobado, entre las que cabe citar Extremadura, Asturias, Castilla la Mancha”, ha expuesto.
“El Gobierno Andaluz no ha tenido tiempo de tener los libros textos adaptados al nuevo curso escolar, asegurando la nueva consejera que estarán adaptados para el próximo curso escolar, y expresando que los centros educativos podrán elaborar material propio para sustituir a los libros de texto. De esta forma, los centros y los docentes se encuentran sin libros y con la “recomendación” de que pueden elaborar el material para el nuevo curso escolar. Detrás de esta dejación de funciones por parte del Gobierno andaluz no se encuentra más que el hecho de no querer aplicar una ley que avanza hacía la calidad educativa”, ha lamentado.
Por otro lado, el Grupo Municipal Socialista ha pedido al Ayuntamiento de Málaga “que acabe con el déficit de plantilla en el área de Derechos Sociales” después del fin del contrato reciente de 70 trabajadores “que han aumentado la carga en un área esencial para atender a las familias en situación de vulnerabilidad”. Según la concejala Carmen Martín, que defenderá una moción al respecto el próximo jueves durante la comisión de Derechos Sociales, los Servicios Sociales Comunitarios “son el lazo más estrecho entre el Ayuntamiento y los ciudadanos con necesidades esenciales y urgentes”.
