Las 11 Comunidades que han disminuido en 2021 respecto a 2020 el gasto en la atención a personas en situación de dependencia son: Canarias, Castilla y León, La Rioja, Galicia, Cataluña, Aragón, Navarra, Murcia, Extremadura, País Vasco y Castilla La Mancha.
Especialmente sangrantes son los recortes que se han producido por la Generalitat de Cataluña (-55,1 millones) y el Gobierno de Canarias (-43,6 millones), Comunidades en las que el año pasado fallecieron en las listas de espera 12.611 y 3.202 personas respectivamente.
Acusada desigualdad territorial en cuanto a financiación
9.559 millones de euros fue la inversión pública en Atención a la Dependencia en el año 2021. De ellos, las Comunidades Autónomas financiaron el 79,2%, con 7.566 millones de euros (un 0,57% más de gasto que en 2020). La aportación estatal se sitúa en el 20,8%, con 1.992 millones de euros, habiendo incrementado un 44% respecto al año anterior, que fue de 1.384M.
Otro elemento crucial que no hay que perder de vista es el de la acusada desigualdad territorial. Las Comunidades que más invierten en dependencia por persona potencialmente dependiente y año son: País Vasco (2.310 €), Extremadura (1.774 €) y Navarra (1.500 €), mientras a la cola se encuentran Canarias (543 €) y Galicia (596€).
75.776.923 millones de euros no se gastaron de las cantidades presupuestadas en el nivel mínimo por el Ministerio de Derechos Sociales. Una cuantía que permitiría haber atendido a 13.000 nuevas personas.
Durante 2021 fallecieron 46.300 personas en las listas de espera de la dependencia: 18.356 personas pendientes de resolución de grado de dependencia y 27.944 personas pendientes de resolución de prestación. Así, el objetivo de reducción de la lista de espera que planteaba el Plan de Choque del Ministerio, con el incremento de la aportación estatal, no se cumplió: en lugar de reducir en 60.000 personas el “limbo de la dependencia”, solo se redujo en 38.807 personas. Incluso siete comunidades incrementaron esa lista de espera.
Así, mientras el Ministerio no ejecuta el presupuesto disponible, devuelve 76 M €. a las arcas del Estado, y las comunidades alivian las arcas autonómicas. Once de ellas incluso reducen su presupuesto. Se está abandonando sin atenciones a las 396.787 personas que están a la espera de un procedimiento, mientras el tiempo de espera medio es de 421 días.
8.196 euros fue el gasto anual medio por persona beneficiaria, de los cuales la AGE aportó 1.708 € en concepto de nivel mínimo de protección y las Comunidades Autónomas 6.488 €. La Comunidad que destinó mayor cantidad económica por persona beneficiaria fue el País Vasco con 12.932 € anuales. Esta cantidad duplica el gasto de la Comunidad que menos invirtió, que fue Castilla y León con 6.599 euros anuales.
EN 2022…
El nuevo incremento de 600 millones de € en los PGE en 2022 (400 al nivel Mínimo y 200 al Acordado) plantea en el mínimo unas cuantías de 250€ grado III (+6,4%), 125€ para grado II (+33%) y 67€ para grado I (+9%) y unos nuevos criterios para el nivel Acordado.
En cuanto al nivel acordado, el proyecto de Acuerdo Marco prevé incluir nuevos criterios (personas atendidas, agilidad administrativa, inversión autonómica, empleo, reducción lista de espera y calidad) que benefician a algunas Comunidades que incrementan considerablemente sus cuantías, como Aragón, Asturias, Cantabria, C. de Madrid… y perjudica a aquellas Comunidades que peor gestionaron en 2021, como Canarias, Cataluña, La Rioja…
