Al menos 72 personas han perdido la vida entre ayer y hoy en la ruta canaria. Para frenar esta “barbarie”, un total de 102 organizaciones de ámbito estatal e internacional -alentadas por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) y un grupo de activistas internacionales por los derechos de las personas migrantes- presentan hoy la campaña #VidasSinRastro, que entre sus propuestas contempla crear una oficina que asegure atención integral a las familias, convenios con los países de origen o un protocolo para el banco de ADN. El objetivo, denunciar las numerosas trabas burocráticas y la falta de medidas efectivas que tienen que afrontar las familias de las miles de personas que cada año desaparecen o fallecen en la frontera sur.
Esta campaña se lanza hoy, Día de las Madres de México, efeméride en que las madres y familiares celebran una marcha para denunciar la desaparición de sus hijos e hijas en las rutas migratorias que atraviesan este país, una iniciativa que se está extendiendo a otros países como Túnez, Senegal y a otros países africanos, “porque ese sufrimiento no es solo por no poder hacer el duelo o por la incertidumbre de desconocer qué ha ocurrido, sino también, porque afecta a muchas cuestiones de la vida cotidiana como los derechos sucesorios o la posibilidad de rehacer la vida en el caso de personas casadas”, explica la organización de la campaña.
La primera acción de esta campaña ha sido presentar una queja ante el Defensor del Pueblo Español, para que se adopten los protocolos y mecanismos necesarios que aseguren el cumplimiento de los derechos y garantías de las personas fallecidas, desaparecidas y sus familias. “Son muchas las personas que contactan con activistas y entidades para localizar a sus familiares, porque no existe un protocolo claro, con medidas reales y adaptadas a las situaciones que se producen en la frontera sur”, declaran desde la organización de la campaña.
Además, critican que “la falta de transparencia por parte de la administración hace que las familias dependan de la buena voluntad del funcionariado para conocer el paradero de sus familiares que, en muchas ocasiones, se entierran con el nombre de ‘desconocido’ o de ‘inmigrante’, despojándoles así de toda dignidad”. “La garantía de derechos no puede depender de las buenas voluntades, sino que estos deben ser reconocidos y protegidos con instrumentos y mecanismos reales”, recalcan.
En definitiva, critican, la desprotección institucional y la falta de un marco que atienda a la dimensión transnacional ocasiona vulneraciones de derechos esenciales que afectan a la dignidad humana, los derechos post mortem de quienes han fallecido y el derecho a conocer la verdad que ampara a las familias. Esta inacción y opacidad es una forma voluntaria de castigo o tortura hacia las familias y de deshumanización hacia las personas que deciden, o no tienen más remedio, que emprender un proceso migratorio.
De este modo, las organizaciones que promueven la campaña destacan que esta nace de la urgencia de una respuesta inmediata ante las sistemáticas vulneraciones de derechos que se producen como consecuencia de las políticas migratorias actuales. Asimismo, han acompañado el manifiesto de denuncia de siete propuestas, basadas en el reconocimiento de derechos y el cumplimiento de los compromisos adquiridos, derivados de los pactos y acuerdos internacionales, tales como la creación de una oficina que asegure una atención integral en la denuncia, búsqueda, localización e identificación de personas fallecidas o establecer un protocolo específico de actuación para el banco de ADN, en coordinación y cooperación con los países de origen, por ejemplo.
Para finalizar, las organizaciones recuerdan que desde que se documentara el primer naufragio de una patera en la frontera sur europea, en 1988, más de 12.208 personas han perdido la vida fruto de las políticas y prácticas migratorias, según cifras de la APDHA. De este modo, denuncian que “la ausencia de vías legales y seguras, los acuerdos de externalización y la progresiva militarización de las fronteras se traducen en una desprotección institucional”.
