A principios de este año, 317.942 personas se encontraban en las listas de espera de la dependencia. 193.346 personas en el limbo de la dependencia (personas valoradas con algún grado y que están pendientes de recibir la prestación o servicio al que tienen derecho), a las que hay que sumar las 124.596 solicitantes que están pendientes de ser valorados.
Con los datos ofrecidos a través del portal de transparencia, hay que añadir 44.656 personas con resolución de PIA y que no reciben prestación o servicio y 34.189 solicitantes que las CCAA no han registrado y están pendientes de valorar. El 44% de las personas desatendidas son Grados III o II.
Durante 2021 se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia 212.799 personas con solicitud de dependencia fallecidas. El exceso de mortalidad fue del 10,3%, en total 20.976 fallecimientos más de lo esperado. La tasa de mortalidad, si bien ha descendido significativamente respecto al primer año de la pandemia, se mantiene por encima de lo esperado. 46.300 personas fallecieron en España en las listas de espera de la dependencia, 18.356 personas pendientes de resolución de grado de dependencia y 27.944 sin haber podido ejercer sus derechos derivados de la condición de persona en situación de dependencia.
El Plan de Choque para la dependencia debería haber servido para reducir en 60.000 las personas en lista de espera de la dependencia en 2021, un 25,8%, sin embargo, sólo lo ha reducido en un 16,7%, 38.807 personas. A este ritmo se tardaría un lustro en lograr la plena atención.
Prestaciones menos intensas e insuficientes
Las prestaciones económicas por cuidados familiares tienen un importe medio mensual de 236,49 euros (percibidas actualmente por 480.000 personas). Por grados, estas cuantías son, de promedio, 138,36 €/mes para los Grado I; 240,59 €/mes para los Grado II y 333,73 €/mes para los Grado III. Todo ello, de nuevo, con importantes diferencias entre territorios. Solamente 67.225 se encuentran dadas de alta en el convenio especial de cuidadores no profesionales (13,93 % del total de las personas cuidadoras), esto hace que no se ejecuten más de 70 millones de lo presupuestado por el Gobierno de España.
