3.305.073 personas de nuestro país sufren graves carencias materiales graves, según los indicadores europeos (Tasa AROPE) publicados por el INE. Son un 7% de la población española, que necesitan ayuda para cubrir sus necesidades más básicas.
El Ingreso Mínimo Vital (IMI) y las ayudas de emergencia social que ofrecen las entidades locales, fundamentalmente ayuntamientos, son los recursos que tienen estas familias para cubrir estas necesidades tan básicas. Ya hemos denunciado reiteradamente el entramado burocrático, innecesario y cruel, que dificulta a cientos de miles de familias que lo necesitarían, percibir el IMI, de manera que sólo llega a 428.000 hogares, la mitad de los 850.000 que el propio Ministerio consideraba como potenciales perceptores
Por su parte, las ayudas de para atender las necesidades más básicas (alimentación, vestido, alquiler, suministros del hogar…) han alcanzado en 2020 a 1.428.216 personas, un 43,2% del total de personas con graves dificultades materiales. Hay grandes diferencias por territorios en esta cobertura. Hay una Comunidad, La Rioja, en la que el número de perceptores (10.808) es superior al de personas con dificultades materiales graves (7.355); o Cataluña, con una cobertura del 91%.
Por el contrario, en Galicia solo alcanzan al 2% de su población con dificultades materiales graves, o el 3% en Navarra. La cuantía de estas ayudas es muy reducida, 235 € de media por perceptor. Aunque también en esto las diferencias entre Comunidades son notables: los más de mil euros de media en Castilla-La Mancha (1.210) o Galicia (1.132), y los 91 euros en Andalucía o 177 en Canarias.
Son muchas las entidades locales que han incrementado sus presupuestos destinados a ayudas de urgente necesidad en los dos últimos años, pero los procedimientos burocráticos y la rigidez de las intervenciones municipales limitan el acceso o retrasan el cobro y, por tanto, la eficacia de las ayudas. Hay ayuntamientos que pueden tardar hasta dos meses en dar una ayuda de urgencia social y las trabas a la hora de justificarlas ante la Intervención son dificultosas y humillantes.
La estricta interpretación de la norma que considera estas ayudas como subvenciones, es una de las causas de esta situación, por lo que urge modificarla o interpretarla de manera menos rigurosa. Algunas comunidades autónomas han incrementado esta financiación con procedimientos paralelos y contradictorios para sortear las dificultades burocráticas impuestas por la interpretación de la Ley de Subvenciones por la Intervención General.
