El sindicato advirtió a los responsables de Servicios Sociales del Ayuntamiento qué, el precio de adjudicación, no podía estar por debajo de los costes salariales y el propio Informe Económico y Financiero del coste del servicio que se anexa a los pliegos de condiciones que regulan este contrato, establece que el precio/hora teórico para llevar a cabo la prestación del servicio conforme a las horas anuales y en las condiciones exigidas en el Pliego, ascendería aproximadamente a 14.04 euros/hora.
Sorprendentemente, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento, ha acordado la adjudicación provisional a la empresa ÓBOLO SCA al importe de 12.98 euros/hora, lo que hace presagiar que esta empresa tratará de obtener su beneficio industrial a costa de las condiciones laborales y el salario de las Auxiliares de Ayuda a Domicilio que tiene una plantilla actual de 90 trabajadoras y trabajadores, o lo que es peor, en detrimento de la calidad asistencial de las personas usuarias en situación de dependencia.
Desde CCOO denunciamos esta irregularidad, pues la Junta de Gobierno Local no solo hace
caso omiso al Informe Económico del Pliego, elaborado por los técnicos municipales, sino que además, la Junta de Andalucía, que es quién financia este servicio de la Ley de Dependencia, transfiere a los Ayuntamientos hasta 14.60 euros/hora para sufragar el coste del servicio y temerariamente el Ayuntamiento de Benalmádena acuerda adjudicar el contrato a ésta empresa a 12.98 euros/hora.
Una empresa que se caracteriza por el reiterado retraso en las nóminas de sus trabajadoras como viene ocurriendo en la localidad de Fuengirola, donde el Tribunal Administrativo de Relaciones Contractuales de la Junta de Andalucía ha anulado el contrato del servicio de Ayuda a Domicilio recientemente, entre la empresa y el Ayuntamiento de Fuengirola.
Exigimos al Ayuntamiento de Benalmádena que retire la propuesta de adjudicación y cumpla con la Ley de Contratos del Sector Público LCSP que obliga a las administraciones públicas a establecer un precio en el contrato que garantice los costes salariales, sea riguroso en sus propios Estudios Económicos Financieros y sea transparente en la adjudicación de este tipo de contratos públicos que afecta, a las personas dependientes.