asi 26 años después de que el Gobierno de Fujimori lanzara su controvertida política de planificación familiar en Perú, más de 8.000 mujeres que afirman que se las esterilizó sin permiso empezaron esta semana la recta final de su lucha por justicia.
No será, empero, un camino fácil ni rápido, según anticipó Sigfredo Florián, abogado de algunas de las denunciantes: se requerirá de más de 2.000 diligencias en un proceso maratónico, que comenzó el jueves pasado, incluidas las que se tendrán que hacer ante Chile para que se pueda procesar a Fujimori.
Durante un conversatorio en el que participaron abogados y denunciantes y al que tuvo acceso Télam, Florián descartó que se cumplan los plazos dispuestos por los jueces –que hablan inicialmente de ocho meses- y anticipó dificultades para, por ejemplo, contactarse con las afectadas.
Entre las diligencias anunciadas, una que ha generado rechazo, pero que al parecer es ineludible, será la práctica de exámenes médicos invasivos para confirmar que hubo esterilización, incluso en casos que ya se consideran plenamente confirmados. Aún así, para las mujeres que iniciaron su lucha en 2001, un año después de la caída del régimen fujimorista, el arranque del juicio es un paso decisivo en su lucha por “verdad, justicia y reparación”.
El de Sabina Huilca, campesina del departamento de Cusco que participó en el conversatorio, es un testimonio emblemático: después de dar a luz en 1996, los médicos le propusieron esterilizarla, pero ella se negó. Entonces le dijeron que necesitaban “limpiarla”, la anestesiaron y simplemente procedieron.
“Ya no tendrás más hijos como cuyes, como chanchos”, cuenta Huilca que le dijeron los médicos cuando despertó. Según los diversos testimonios, ese fue el modus operandi en centenares de casos. Parecido le ocurrió a María Elena Carbajal, presidenta de la Asociación de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas, a quien le practicaron el procedimiento sin permiso en Lima.
