Mañana, 21 de febrero, a las 11,30h CGT llevará a cabo una protesta ante la ciudad de la justicia de Málaga por la situación de indefensión jurídica de la clase trabajadora derivada de la caótica situación de los juzgados de lo social en Málaga y en Andalucía en general, esta acción se suma a la realizada en Sevilla el pasado viernes, todo ello en torno a la conmemoración del día mundial por la justicia social.
Hoy, esa acción sindical de calle se hace más necesaria que nunca. Las más de cincuenta reformas del Estatuto de los Trabajadores han ido configurando una tendencia donde la pérdida de derechos por las personas trabajadoras ha sido la nota dominante del proceso. A esto hemos de sumar que la eficacia de la justicia social se va apagando cada día un poquito más. La última manifestación de este fenómeno lo encontramos con los señalamientos de juicios a años vista.
Mientras que la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social establece plazos de días, el incumplimiento de las agendas judiciales resulta generalizado y es cada vez más infrecuente encontrar alguna causa judicial que se pueda resolver antes de un plazo que siempre se cuenta por demasiados meses y años. La justicia tardía nunca puede ser justicia. Y menos aún en lo Social.
En Andalucía, los Juzgados de lo Social no están al borde del colapso, están colapsados. Buena prueba de ello son las noticias aparecidas en prensa sobre la situación de los señalamientos judiciales en cualquier provincia andaluza… Demandas cuyas vistas judiciales se fijan para 2023, 2024, 2025 o 2026 no extrañan ya a nadie familiarizado con la jurisdicción social. Esta es la situación que padecemos y que no genera ninguna alarma relevante para sus máximos gestores.
La principal causa es la gestión política. A ningún ministro/a de Justicia le ha interesado que funcione la justicia. La actual ministra, Pilar Llop, no es ninguna excepción. Todos sus predecesores y ella misma lo han tenido y lo tienen muy claro. Han sido capaces de empeorar la gestión del anterior y así hemos llegado a una situación de absoluta falta de medios humanos, materiales, de recursos, etc.
Es inaceptable que en pleno siglo XXI se sigan acumulando toneladas de folios en pasillos de sedes inadecuadas y aceptando retrasos quinquenales, que los juzgados no estén adaptados a las nuevas tecnologías y sobre todo, que no se disponga de medios materiales ni humanos para atender este servicio público. Cualquier ciudadano dispone hoy día de mejores medios que cualquier juzgado por increíble que parezca.
Está claro, que hay una voluntad política deliberada por denigrar la justicia como servicio público. Y esto no es sino el primer paso, para iniciar la privatización. Degradar lo público para a continuación que los capitalistas se apropien y obtengan beneficios de esta operación.
Observamos cómo surgen ya para posicionarse en el mercado toda suerte de mecanismos privados de mediación y fórmulas alternativas –todas ellas bajo el amparo de la “colaboración público-privada”- para resolución de conflictos. El mejor exponente de esto en Andalucía resulta ser el SERCLA, donde la invasión de competencias -antes públicas- es la tónica dominante de los últimos años junto a la financiación de sus organizaciones integrantes, esto es, los agentes sociales de la oficialidad: CEA, UGT y CC.OO. Al respecto del SERCLA se hace necesario precisar que su último reglamento, que ha sido publicado en el BOJA la semana pasada, ha sido impugnado judicialmente por CGT
Los señalamientos a años vista empujan además en esa misma dirección. Se obliga de facto a evitar o abandonar las reclamaciones judiciales que dejan ser útiles y no surten efecto. Se impone por la vía de hecho el abandono de debates jurídicos que adolecerán de “pérdida sobrevenida de objeto”. De esta manera se desincentiva acudir a los Tribunales y se debilita aún más la posición de las/os trabajadores, que ya vienen arrastrando importantes cargas desde la Reforma Laboral de 2012.
A fecha de hoy, esa Reforma de M. Rajoy ha sido avalada por la Ministra Yolanda Díaz en su NO REFORMA LABORAL y sigue plenamente vigente (reducción de indemnizaciones en caso de despido, desaparición de salarios de tramitación ante despidos improcedentes, mayor flexibilidad, reducción de prestaciones por desempleo y pensiones, etc.) y no ha sido siquiera modulada en sus aspectos más lesivos.
Asimismo, con el retraso judicial generalizado se articula un mecanismo gratuito de financiación para quienes optan por incumplir la ley. Quienes incumplen se benefician así de retrasos que los favorecen precisamente por no cumplir con las normas. A mayor incumplimiento, mayor premio. Es el colmo de un despropósito, sobre el que la patronal –la más incumplidora atendiendo a las estadísticas judiciales- mantiene un indisimulado silencio. La dilación en el tiempo de las condenas es otro favor a su favor.
Por ello exigimos el Cumplimiento de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social LRJS y el respeto de los plazos que en ella se establecen y proponemos, entre otras medidas:
- Aumento del número de Juzgados de lo Social en toda Andalucía
- Implantar Juzgados de lo Social de Ejecución (para agilizar las ejecuciones). Estos existen, por ejemplo, en Madrid y Barcelona.
- Agilizar el sistema de notificaciones a las demandadas pues entre notificación por correo certificado, después vía SCACE y por último la publicación en el BOP de cada uno de los actos del Juzgado hay demoras de más de un año si la empresa desaparece o se hace la desaparecida.
Por todo esto, desde CGT Andalucía, además de organizar actos de protesta como el de mañana ante la ciudad de la justicia de Málaga, se hace un llamamiento a la clase trabajadora andaluza para exigir una JUSTICIA JUSTA como servicio público y universal para los ciudadanos/as y poder avanzar con ello en alcanzar la Justicia Social y que esto no quede solo en una fecha conmemorativa en el calendario todos los 20 de febrero.
