El Consejo de Ministros aprobó este martes el anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda que será tramitado en las Cortes por el procedimiento de urgencia, una vez que se han incorporado una serie de ajustes técnicos tras el informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Así lo explicaron las ministras de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, y de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo.
El Gobierno ha dado este paso a pesar de que dicho informe considera que el texto del Gobierno supone una “clara limitación” de las competencias autonómicas. A este respecto, Sánchez defendió que la ley “reconoce las competencias autonómicas en esta materia y pone a su disposición todos los instrumentos y les permite aplicar otros que consideren necesarios”.
Asimismo, añadió que no se puede delimitar el campo de actuación del Estado en materia de vivienda que reside en la protección de los colectivos más vulnerables, ya que la Constitución establece que el Gobierno central debe garantizar la igualdad de acceso de todos los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos.
En concreto, el informe del CGPJ concluye que la «expropiación de la regulación autonómica por el legislador estatal generará, sin duda, una situación de gran inseguridad jurídica al resultar ciertamente difícil determinar qué norma habrá de aplicarse, la estatal o la autonómica, cuando no concuerden completamente entre sí».
“Esta ley es una ley rigurosa, sólida, compacta y transversal”, sentenció Sánchez, quien aseguró que “no va en contra de los propietarios, va en contra de la especulación” porque “los que propugnan la liberalización lo único que consiguieron es el lucro de grandes agentes inmobiliarios generando un gran sufrimiento a la mayoría de familias del país”.
Por su parte, Belarra destacó que este ley “da el primer paso en un camino que nuestro país tiene que recorrer y es el dejar atrás las burbujas inmobiliarias, la especulación y los pelotazos urbanísticos”.
“Sabemos que va a ser difícil porque los intereses interpuestos son muy fuertes pero creo que es el único camino que podíamos recorrer”, señaló Belarra, quien denunció que “en estos años en nuestro país el sector de la vivienda ha sido lo que muchos han llamado la ley de la selva y el gobierno de coalición tenía la responsabilidad de poner en orden en esa selva”.
INCENTIVOS FISCALES
Entre las medidas aprobadas, el Gobierno establece hasta cuatro modalidades de beneficios fiscales para pequeños propietarios. Este sistema de beneficios fiscales bonificará en un máximo del 90% la renta que ingresen los propietarios en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), siempre y cuando bajen el precio del alquiler en un 5% en zonas “tensionadas”.
El segundo tramo de incentivos incluido bonificará con un 70% a aquellos propietarios que alquilen su vivienda por primera vez en una zona “tensionada” y la arrenden a inquilinos de entre 18 y 35 años. También recibirán este incentivo fiscal los dueños de inmuebles que destinen su vivienda a alquiler social con un precio inferior al establecido en el programa de ayudas al alquiler del plan estatal de vivienda.
Asimismo, los propietarios que rehabiliten su vivienda podrán optar a una bonificación del 60%. Por último, quienes no cumplan con ninguno de los requisitos anteriores podrán acceder a un incentivo fiscal del 50% solo por alquilar su vivienda en una “zona tensionada”.
El texto especifica que se deben cumplir dos requisitos para que un barrio o zona residencial sea calificada como “tensionada”. Por una parte, la renta media mensual de la unidad de convivencia destinada al coste de la hipoteca o del alquiler, además de los gastos propios de la vivienda –luz, agua, telecomunicaciones–, ha de superar el 30% de los ingresos medios de los arrendatarios.
Asimismo, el precio de compra o alquiler de la vivienda debe haber experimentado un porcentaje de crecimiento acumulado de, al menos, cinco puntos porcentuales por encima del Índice de Precios de Consumo (IPC) de la comunidad autónoma.
Si se cumplen ambas premisas, la zona podrá ser declarada como “tensionada” durante los siguientes tres años, un plazo que podrá prorrogarse cuando “subsistan las circunstancias que motivaron tal declaración y previa justificación de las medidas y acciones públicas adoptadas para revertir o mejorar la situación”.
ZONAS TENSIONADAS
Más allá de los beneficios fiscales, las comunidades autónomas (que son las responsables de aplicar todas estas medidas cuando así lo consideran) tendrán la potestad de formular medidas que congelen los precios ofertados por los grandes tenedores en las zonas “tensionadas” para así facilitar el acceso a la vivienda.
Además, una vez entre en vigor el nuevo índice de precios del Ministerio de Transportes, los grandes propietarios no podrán alquilar sus viviendas por encima de los umbrales fijados en esta estadística. De todos modos, la cartera dirigida por Raquel Sánchez estima que esta herramienta no estará disponible hasta dentro de 18 meses, por lo que no se congelarán precios bajo estos principios hasta la primavera de 2024.
Pese a lo señalado anteriormente, el texto aprobado incluye una serie de excepciones que permitirán a los grandes tenedores subir el precio del alquiler en zonas “tensionadas” en un máximo del 10%. En concreto, podrán aumentar el coste del alquiler cuando realicen una rehabilitación de su vivienda dos años antes de firmar un nuevo acuerdo o cuando sellen un contrato de arrendamiento por un periodo de diez o más años.
Paralelamente, la Ley ofrece más garantías en la compra y alquiler de vivienda, estableciendo una serie de información básica de las condiciones de la operación y características de la vivienda, y se mejora la información sobre las políticas públicas de vivienda, para dar a conocer todos los programas y servicios de acceso a una vivienda.
Por otro lado, el texto, que introduce medidas de protección a familias vulnerables en caso de desahucios, impulsará la creación de vivienda social, ya que dotará a las comunidades autónomas de las herramientas necesarias para garantizar que hasta el 30% de las nuevas promociones de vivienda se destinen a una reserva sujeta a un régimen de protección pública que, “al menos, permita establecer su precio máximo en venta, alquiler u otras formas de acceso a la vivienda”.
VIVIENDA PÚBLICA
También prohíbe por ley vender vivienda pública en, al menos, 30 años. En caso de hacerlo, se deberá justificar dicha venta y devolver todas las concesiones públicas recibidas. Con esta medida, el Gobierno quiere garantizar la presencia de la vivienda social dentro de la oferta inmobiliaria, ya que considera que su representación es “insuficiente”.
En concreto, España cuenta con 290.000 viviendas sociales, que “apenas” ofrecen cobertura a un 1,6% de los 18,6 millones de hogares que existen en España, lo que contrasta con los porcentajes registrados en algunos de los principales países del entorno, como Francia, Reino Unido, Suecia, Países Bajos Austria o Dinamarca; todos ellos por encima del 15%.
(SERVIMEDIA)
