Las entidades Federación de Asociaciones de Taxistas Andaluces (UATA) y Federación Andaluza de Élite Taxi (FAET), representativas del sector del taxi en Andalucía, han criticado el proceso de composición del Consejo Andaluz del Taxi, recientemente resuelto por parte de la Dirección General de Movilidad de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía.
Para estas asociaciones, “se ha producido una decisión marcada por la falta de pluralidad y de representación de los colectivos del sector”. Tras hacerse pública la resolución por parte de la administración regional, se ha conocido que las nueve vocalías correspondientes a los taxistas quedan en manos de dos únicas entidades, dejando fuera al resto de las que habían mostrado su interés en formar parte del Consejo.
Esto ha sido calificado como “un paso atrás, una oportunidad perdida para integrar a todos los representantes del taxi andaluz, un gesto que destila uniformidad y preocupación por el control de un chiringuito, más que el ofrecimiento del diálogo necesario en estos órganos”. UATA y FAET informan que, además, “se ha podido producir un procedimiento lastrado por las dudas, por posibles cesiones de licencias, y en la representatividad, ya que una de las entidades seleccionadas no tiene ni siquiera ámbito andaluz, dedicando sus esfuerzos a una sola provincia de la Comunidad Autónoma, lo cual resta garantías en la defensa del colectivo en su integridad”.
Los denunciantes aclaran que son representativos del territorio, ya que UATA agrupa a asociaciones de todas las provincias y a taxistas rurales, fundamentalmente, mientras que FAET incluye asociaciones de Sevilla, Málaga, Granada y Aeropuerto de Santa Fe.
Las dos organizaciones cuentan con el apoyo de la Unión de Autónomos de Andalucía, cuyo
secretario general, Pepe Galván, ha afirmado que “no queremos pensar en que haya habido un amaño, pero no es lógico que se deje fuera a entidades representativas cuando hay puestos de sobra para repartir, por lo que solicitamos una investigación a fondo para paliar este atropello”.
Las entidades van a iniciar una campaña de denuncia contra esta decisión, pidiendo que se
aplique la máxima transparencia para mostrar el procedimiento empleado y las verificaciones que la convocatoria marcaba. Así mismo, se muestran dispuestas al diálogo con la Consejería para intentar revertir esta situación, cuestiones que trasladarán a los grupos políticos con los que van a mantener reuniones informativas.
