A través de la noticia difundida por los medios de comunicación el 1 de diciembre La Casa Invisible tuvo conocimiento de que el Ayuntamiento daba por notificada la orden de desalojo voluntario del inmueble y comenzaba a contar el plazo de 15 días concedidos legalmente. Desconocemos por qué medio y a qué entidad se ha dirigido la citada notificación, ya que el Ayuntamiento oculta dicha información. Esto genera una grave indefensión a La Invisible, puesto que le impide conocer la causa de la falta de notificación efectiva, así como el contenido de la orden de desalojo y su fundamentación.
La Casa Invisible, entidad sin personalidad jurídica, a través de su portavoz, Eduardo Serrano, es parte en todos los expedientes administrativos incoados en relación con el inmueble municipal, donde radica su sede. Es ahí donde el Ayuntamiento siempre ha dirigido todas las notificaciones que afectan al edificio, así como a la Fundación de Los Comunes, entidad jurídica constituida en cumplimiento del Protocolo de Intenciones de 2011 para formalizar la adjudicación del edificio. Tal es así que, como consecuencia de la denegación de la adjudicación del edificio y orden de desalojo acordada en 2018, el Consistorio dirigió esa notificación tanto a La Casa Invisible como a La Fundación de Los Comunes. De ahí que ambas entidades interpusieran sendos recursos contenciosos-administrativos cuya vista está prevista para el próximo 16 de diciembre ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo N.º4 de Málaga.
Desconocemos, a excepción de lo publicado en prensa, cuál es la fórmula jurídica utilizada por el Ayuntamiento para ordenar un desalojo urgente y erigirse en juez y parte. Esta actuación usurpa la posibilidad de decisión judicial, a pesar de la inminente fecha para la celebración de la vista de la que el Ayuntamiento forma parte, junto a La Casa Invisible y La Fundación de Los Comunes. ¿Qué teme el Consistorio? ¿Es que no confía en sus posibilidades en el proceso judicial y quiere asegurarse la ejecución de un desalojo ante una futura sentencia que se lo pudiera impedir?
El desprecio a las mínimas garantías de defensa es tal que ni siquiera comunica a qué entidad ha dirigido la orden de desalojo acordada el pasado mes de noviembre. Según manifiesta La Fundación de Los Comunes, ni siquiera se ha recibido una notificación telemática. Más grave aún, ¿por qué no lo ha notificado a La Casa Invisible, a pesar de que sea parte evidente del expediente y de su interés en defenderse de dicho desalojo?
El Ayuntamiento miente deliberadamente en relación con los motivos técnicos en los que justifica públicamente el desalojo, puesto que su intención es ocultar que se trata de una decisión política. El edificio es seguro y no presenta riesgo alguno que requiera una medida cautelar de cierre. Además, el único proyecto de rehabilitación que existe a día de hoy es el que presentó la Invisible en 2016, por petición del propio Ayuntamiento, y cuya ejecución lleva demandando desde entonces.
El gobierno municipal no hace públicos los informes técnicos en los que supuestamente se basa, no obstante las numerosas vías de comunicación de las que dispone para hacer llegar de manera fehaciente a La Casa Invisible la orden de desalojo acordada. Por el contrario, se limita a comunicar que la notificación ya ha sido efectiva, pero oculta a quién y cómo.
