En un comunicado publicado esta mañana un total de 27 organizaciones han manifestado su «absoluto rechazo» a la enmienda formulada por el PSOE y Unidas Podemos a la ley mordaza, que reconoce a los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad. Por tal motivo, los colectivos han registrado una petición dirigida a las portavocías de los grupos parlamentarios que componen la Comisión de Interior del Congreso, con la finalidad de «frenar una modificación legislativa que implicaría una nueva regresión democrática».
Según fuentes de las organizaciones sociales, esta propuesta «implica romper con el consenso establecido en la Ley General Penitenciaria aprobada en el año 1979». Esa norma, tal y como aclaran los colectivos, «supuso un salto democrático, ya que creó un cuerpo civil para la gestión de los centros penitenciarios, en contra de lo que sucedía durante el régimen franquista». En este sentido, la enmienda «abre las puertas a la policialización de los funcionarios de prisión», ya que, de conformidad con los principios constitucionales, «los criterios que han de guiar su actuación son de índole tratamental y no de régimen ni orden público».
En opinión de los colectivos, esta reforma constituye «el abandono del paradigma rehabilitador que teóricamente debe guiar el funcionamiento del sistema penitenciario». En su lugar, afirman que esta enmienda implanta un modelo en el que «las personas privadas de libertad podrán ser sancionadas por hechos leves tanto por la vía administrativa-penitenciaria, como también en la vía penal, generando un aumento de los casos en los que se acuse y condene por atentado, resistencia o desobediencia a agentes de la autoridad».
Además, esta reforma también supondrá «un incremento de las dificultades para denunciar situaciones de maltrato en contexto de privación de libertad». De esta manera, la presunción de veracidad de los funcionarios de cárcel, que pretende introducir la reforma, «actuará como un elemento disuasorio a la hora de presentar denuncias e iniciar procedimientos ante una eventual contradenuncia por parte de los funcionarios». Asimismo, señalan, aumenta el margen de arbitrariedad en los expedientes sancionadores, incluidos aquellos que afectan gravemente a derechos fundamentales, como los aislamientos en celda.
Las organizaciones sociales han puesto de manifiesto su desconcierto respecto a esta enmienda, dado que esta propuesta se presenta poco tiempo después de haber publicado el Comité para la Prevención de la Tortura (CPT) del Consejo de Europa su informe tras su última visita al Estado español. Respecto a la situación de los centros penitenciarios, el CPT ha afirmado que «sigue existiendo un patrón de malos tratos físicos infligidos por los funcionarios de prisiones como reacción desproporcionada y punitiva al comportamiento recalcitrante de los presos».
Según la delegación del CPT, las denuncias efectuadas por las personas privadas de libertad no pueden ser tratadas como resultado de las acciones de uno o dos funcionarios, «sino que representan una cultura más profunda de abuso de poder e impunidad entre ciertos funcionarios de prisiones que trabajan en estas cárceles». Por todo ello, las organizaciones sociales han solicitado esta mañana a los grupos parlamentarios que den marcha atrás en esta reforma que supondría «un paso atrás en la garantía de los derechos de las personas privadas de libertad y un paso adelante en la consolidación de la cultura de abuso de poder e impunidad denunciada por el Consejo de Europa».
