El Gobierno pretende pasar en un plazo mínimo de diez años del 10 al 48% de los trabajadores con el nuevo fondo de promoción pública para fomentar los planes de pensiones ligados al empleo, en línea con la penetración que tienen los de las Entidades de Previsión Social Voluntaria (EPSV) del País Vasco y con los porcentajes europeos.
Fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones explicaron que, llegando a ese porcentaje, España se alinearía con el entorno europeo. El Gobierno aprobó en Consejo de Ministros el anteproyecto de ley que crea un fondo de pensiones de promoción pública y de gestión privada para incentivar los planes de pensiones ligados al empleo y extenderlos a pymes, autónomos y funcionarios. Se espera que complete su tramitación parlamentaria en el primer semestre del próximo año.
Estas fuentes ministeriales destacaron que el momento es propicio para impulsar estos planes por la reforma laboral que se va a acometer y que confían que creará empleo de calidad, con menor temporalidad y precariedad, así como se prevé que acometa cambios en la negociación colectiva. Todo ello impulsará este tipo de planes de pensiones en la negociación colectiva, a lo que se suman los incentivos fiscales para promover estos planes.
Uno de los puntos que contempla el anteproyecto de ley es facilitar la creación de los planes simplificados, de manera que en los convenios colectivos sectoriales se pueda establecer que el plan acordado se extienda a todas las empresas del sector.
Las citadas fuentes ministeriales aclararon que por ley no se puede obligar a suscribir estos planes, pero sí en el caso de que representantes de los trabajadores y de las empresas así lo acuerden.
Respecto a las comisiones de gestión que tendrían estos planes, se insistió en que el objetivo es que sean más bajas que las de los planes individuales, que se sitúan en el 1% sobre el patrimonio, frente al entorno del 0,2% en los planes de empleo, y que tienda hacia esta última cifra.
Un ejemplo dado por el Ministerio cifra en 9.084 euros los que se pierden por la diferencia en las comisiones de gestión entre los planes individuales y los de empresa en un supuesto de aportaciones anuales de 1.000 euros durante 35 años y con una rentabilidad del 3%. Estos 9.000 euros suponen el 18% del patrimonio acumulado en el plan individual del ejemplo.
El fondo de pensiones estará gestionado por una comisión de control compuesta por 17 miembros a repartir en nueve representantes de la administración y ocho para los agentes sociales -cuatro sindicales y cuatro empresariales-. También habrá una comisión promotora de seguimiento que estará integrada por cinco representantes por Inclusión, y el resto por los ministerios de Asuntos Económicos, Hacienda, Trabajo y Transición Ecológica.
El patrimonio en planes de empleo al término de 2020 se situó en unos 35.600 millones de euros. Estos planes alcanzaban a 2,1 millones de personas en 2019, según indicaron.
