Decenas de millones de estadounidenses que trabajan en compañías de más de 100 empleados deberán vacunarse contra el coronavirus antes del 4 de enero o someterse a pruebas semanales desde entonces, anunció el Gobierno de Estados Unidos.
La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) del Departamento de Trabajo de Estados Unidos advirtió que las compañías que no cumplan con las nuevas reglas enfrentarán multas de casi 14.000 dólares por cada caso de violación.
Los nuevos requerimientos, adelantados por el presidente Joe Biden en septiembre, aplicarán a unos 84 millones de trabajadores de empresas grandes y medianas, según la Casa Blanca, aunque no está claro cuántos de ellos no están aún vacunados.
El Gobierno agregó que reglas más estrictas se impondrán a 17 millones de personas más que trabajan en geriátricos, hospitales u otros centros de salud que reciben fondos de los programas de salud pública Medicaid y Medicare.
Estos empleados no tendrán la opción de hacerse pruebas de Covid-19, y tendrán que estar sí o sí vacunados para el 4 de enero, dijeron a periodistas funcionarios de la Casa Blanca que pidieron no ser identificados, informó la agencia de noticias AFP.
Estados Unidos es el país más afectado por la pandemia, con más de 740.000 muertos, y una notable mejoría que había logrado empezó a revertirse a mediados de este año provocada por la variante Delta y por un estancamiento en la campaña de vacunación.
El anuncio de las reglas, piedra angular del esfuerzo más agresivo lanzado por el demócrata Biden para contener el deterioro de la situación sanitaria, sigue a semanas de revisiones y de reuniones entre funcionarios, empresas y sindicatos.
Los funcionarios de la Casa Blanca dijeron que los requerimientos deberían servir para contrarrestar leyes o mandatos de varios estados en la dirección contraria, incluyendo los que impiden hacer obligatoria la vacuna, las pruebas o el uso de tapabocas.
Más de una veintena de fiscales generales estatales del opositor Partido Republicano han dicho que planean recurrir los planes de Biden ante la Justicia, argumentando que solo el Congreso tiene autoridad para sancionar esas medias aun en emergencia sanitaria.
