La Asociación Escuelas Infantiles Unidas, que aglutina a más de 600 centros en Andalucía, ha celebrado una concentración de protesta ante la sede de la Agencia Pública Andaluza de Educación, APAE, con sede en Camas (Sevilla), para que «agilice los trámites de pago inmediato» de diversas partidas a los centros de Educación Infantil, todos correspondientes al curso 2020-2021, y en los que, en algunos casos, se acumulan retrasos de nueves meses. En esta protesta han participado representantes de más de 350 centros de toda Andalucía para denunciar lo que resulta «una situación insostenible» para los mismos, que «no pueden garantizar su continuidad».
La concentración se ha desarrollado «dentro de la normalidad democrática y pacífica» de este tipo de actos pero también «de manera firme, intensa y en un ambiente álgido de reivindicación durante más de hora y media ante la sede de la institución educativa«, señala la asociación en nota de prensa, en la que precisa que hasta en varias ocasiones se ha intentando tener un encuentro con la dirección general de APAE, «siendo infructuosos los intentos, y registrando igualmente una solicitud formal en la propia Agencia Pública de Educación».
Así, explican que algunos centros infantiles de Andalucía tienen «diversas partidas sin cobrar, algunas desde hace nueve meses», que siguen «ahogando a los centros, su viabilidad empresarial y miles de puestos de trabajo». «Lo peor de tener que seguir ocupándonos de estos asuntos, es que se relegan de nuevo cuestiones vitales como la gratuidad del ciclo, la importancia de este ciclo en la educación de los menores o las ayudas a las familias», apunta la presidenta de Escuelas Infantiles Unidas, Maribel Uncala.
Inciden en que los centros «continúan ahogados con muchas partidas por cobrar», como las bonificaciones pendientes a las familias que recurrieron sus ayudas, y que en la mayoría de los casos «no han cobrado a las familias en espera de recibirlo de la administración».
Además, ven «incomprensible» que los cierres de los centros por Covid «estén sin cobrar y a los centros le hayan descontado los importes. Una subvención menor al precio de la plaza y estancadas por la Administración desde el mes de enero en algunos casos. Al igual que las plazas de niños que llegan con documentación de riesgo de exclusión social, que todavía no han sido abonadas, desde enero, mientras que los centros siguen haciéndose cargo de la escolarización y alimentación de eso menores».
«Se demuestra una vez que la APAE no tiene capacidad o hay una mala gestión de un ciclo tan importante para menores y familias. La consejería debe ocuparse directamente de estos asuntos«, manifiestan, al tiempo que subrayan que el objetivo de Escuelas infantiles unidas es el abono «inmediato, de todas las partidas pendientes que es lo que los centros necesitan».
En este sentido, lamentan que los centros «viven en una incertidumbre constante, nunca saben si ellos serán a los que se les retrase el pago y es prioritario volver al calendario del 20 de mes siguiente de haber realizado el trabajo, que ya se había alcanzado y que no se retrase ninguna partida». «Estos asuntos, que deberían de haberse superado hace mucho tiempo, van a relegar una vez más cuestiones vitales como las hojas de ruta hacia la gratuidad, los fondos europeos o la indivisibilidad del ciclo», aseveran.
Por último, la asociación indica que desde Andalucía se sigue insistiendo al Ministerio de Educación que los fondos europeos para Educación Infantil no se destinen para generar plazas nuevas, «cuando actualmente existe un 40% de vacantes, continúa el descenso de la natalidad, crecen las zonas saturadas de plazas y las familias no pueden escolarizar por falta de ayudas». «Tampoco hay línea uniforme en la indivisibilidad del ciclo, al ver que algunas comunidades autónomas ya están llevando niños de dos años a colegios, mientras que la cuestión de la gratuidad del ciclo sigue siendo una utopía a nivel nacional», aseguran.
Finalmente, recuerdan que la red de centros del primer ciclo de Educación Infantil en Andalucía, 0-3 años, ofrece empleo a más de 11.000 trabajadores, la mayoría de ellas mujeres, «puestos de trabajo que estarían en peligro si avanza el nivel de desocupación de plazas».
