Amnistía Internacional (AI) denunció este martes que los ataques a la libertad de expresión perpetrados por los gobiernos y la desinformación divulgada a través de las redes sociales están teniendo un “peligroso impacto” sobre la salud pública desde el estallido de la pandemia.
Así se pone de manifiesto en el informe ‘Silenciamiento y desinformación: La libertad de expresión, en peligro durante la pandemia de Covid-19’ que la organización publicó hoy, un trabajo en el que se revela “cómo el recurso durante la crisis a la censura y el castigo por parte de gobiernos y autoridades ha reducido la calidad de la información que llega a la población”.
El texto registra que la pandemia ha dado pábulo a “una peligrosa situación en la que los gobiernos están utilizando nuevas leyes para silenciar la información independiente, así como para atacar a las personas que critican directamente su respuesta a la Covid-19, o incluso a las que han intentado investigar esa respuesta”.
En ese sentido, el director general de Investigación, Incidencia y Política de Amnistía Internacional, Rajat Khosla, alerto de que durante la pandemia “se ha puesto en el punto de mira a los canales de comunicación, se han censurado las redes sociales y se han cerrado medios de comunicación, todo lo cual ha tenido un terrible impacto en la capacidad de la población para acceder a información vital sobre cómo enfrentarse a la Covid-19”.
Esto le dio pie a atestiguar que “aproximadamente cinco millones de personas han perdido la vida a consecuencia de la Covid-19, y la falta de información probablemente ha sido un factor que ha contribuido a ello”.
El informe registra casos concretos que prueban el “control de la libertad de expresión” en China y las leyes “opresivas” contra este derecho y orientadas a “silenciar la disidencia” aprobadas a cuenta de la pandemia en Tanzania, Rusia y Nicaragua.
Ante esta situación, Rajat Khosla arguyó que “la restricción del derecho a la libertad de expresión es peligrosa y no debe convertirse en la nueva normalidad”, por lo que “los gobiernos deben levantar urgentemente este tipo de restricciones y garantizar la libre circulación de información para proteger el derecho a la salud de la población”.
Por su parte, el trabajo de Amnistía Internacional subraya el papel de las empresas de redes sociales a la hora de facilitar la difusión rápida de desinformación sobre la Covid-19, lo que se debe a que estas plataformas “están diseñadas para amplificar contenidos que captan la atención de la gente para conseguir usuarios, y no han actuado con la debida diligencia para evitar la difusión de información falsa y engañosa”.
A su vez, el texto indica que “esta avalancha de desinformación —ya sea a través de las redes sociales o de personas que desde puestos de poder tratan de difundir mensajes de división y confusión para su propio beneficio— supone una grave amenaza para los derechos a la libertad de expresión y a la salud”, lo que provoca que para la ciudadanía “resulte cada vez más difícil formarse una opinión plenamente informada y tomar decisiones con fundamento sobre su salud a partir de la mejor evidencia científica disponible”.
Por ello, Rajat Khosla urgió a los países y a las empresas de redes sociales que garanticen que la sociedad acceda “sin restricciones a una información correcta, oportuna y basada en evidencias científicas. Esto es crucial para minimizar la reticencia a la vacunación que provoca la desinformación”.
