La Comisión Europea pidió este jueves a España que cumpla las directivas comunitarias sobre aves y hábitats, así como una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, con medidas para evitar el deterioro ambiental por la construcción de la línea ferroviaria de alta velocidad entre Sevilla y Almería.
Ello forma parte del paquete de decisiones de septiembre sobre procedimientos de infracción remitidos a varios países de la UE sobre diversa temática con el fin de garantizar la correcta aplicación del Derecho de la Unión en beneficio de los ciudadanos y las empresas.
El Ejecutivo comunitario envió una carta de emplazamiento a España por incumplimiento de la legislación ambiental de la UE y de una sentencia judicial sobre la construcción del AVE Sevilla-Almería.
Tanto el Pacto Verde Europeo como la Estrategia Europea sobre la Biodiversidad de aquí a 2030 subrayan la importancia de que la UE ponga fin a su pérdida de biodiversidad preservando los espacios naturales y restableciendo los ecosistemas dañados hasta alcanzar un buen estado ecológico.
El Tribunal de Justicia de la UE dictaminó en 2016 que España no había tomado las medidas adecuadas para evitar el deterioro de los hábitats naturales y las alteraciones de las especies de aves protegidas causadas por la construcción de una línea ferroviaria que atraviesa la zona de protección especial Campiñas de Sevilla.
España ha definido una serie de medidas de mitigación y compensación para contrarrestar los daños causados y aplicar la sentencia del Tribunal, pero casi cinco años después de la sentencia, aún no las ha aplicado plenamente, por lo cual la Comisión Europea ha enviado una carta de emplazamiento.
Se trata de un procedimiento de infracción que el Ejecutivo comunitario, con sede en Bruselas (Bélgica), puede remitir al Tribunal de Justicia de la UE y solicitar sanciones financieras, tras haber ofrecido a España la posibilidad de responder a la carta y adoptar las medidas necesarias.
Impacto ambiental
Por otro lado, la Comisión Europea remitió a España un dictamen motivado para que actualice su legislación nacional sobre evaluación del impacto ambiental y la ponga en consonancia con la directiva relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente.
Esa directiva garantiza que el impacto ambiental de los proyectos públicos y privados se evalúe antes de que se autoricen dichos proyectos y se identifiquen y aborden los impactos ambientales perjudiciales significativos.
La norma se modificó en abril de 2014 para reducir la carga administrativa y mejorar el nivel de protección del medio ambiente, al mismo tiempo que las decisiones empresariales sobre inversiones públicas y privadas se hacen más sólidas, predecibles y sostenibles.
Según la Comisión Europea, España no ha reflejado adecuadamente la directiva en su legislación nacional, ya que la legislación española no exige una evaluación de impacto ambiental para proyectos que pueden tener efectos potencialmente significativos sobre el medio ambiente, como las instalaciones de extracción, tratamiento y transformación de amianto.
