Irán criticó este lunes al Gobierno provisional de los talibanes, formado la semana pasada en Afganistán, por no ser representativo de toda la población del país, mientras crece el escepticismo global en relación a las promesas de la milicia islamista de respetar los derechos de minorías y mujeres.
«Ciertamente no es el Gobierno inclusivo que esperaban la comunidad internacional y la República islámica de Irán», dijo el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Said Khatibzadeh.
«Realmente debemos esperar y ver cómo responden los talibanes a las peticiones internacionales», añadió durante una conferencia de prensa en Teherán, informó la agencia de noticias AFP.
Los talibanes proclamaron la semana pasada un Gobierno provisorio, integrado por completo por hombres, en su mayoría de la etnia pastún, y controlado por viejos miembros del movimiento islamista fundamentalista.
Irán, que comparte más de 900 kilómetros de frontera con Afganistán, alberga a casi 3,5 millones de afganos y le preocupa una eventual nueva afluencia de refugiados.
El 6 de septiembre, Teherán condenó «enérgicamente» la invasión talibán del valle afgano de Panjshir, último bastión de la resistencia al movimiento.
En tanto, la Alta Comisionada por los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, se mostró «decepcionada» por la falta de diversidad del Gobierno talibán y «preocupada» por el trato a las mujeres y la disidencia.
«Estoy decepcionada por la falta de inclusión en lo que llaman el Gobierno de transición, que no incluye a ninguna mujer y pocos miembros no pashtunes», señaló Bachelet en la apertura de la 48ª sesión del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra.
Todos los miembros del Gobierno dirigido por Mohammad Hasan Akhund, próximo colaborador del fundador del movimiento talibán, el mullah Omar fallecido en 2013, son talibanes.
También dijo estar preocupada por el hecho de que «contrariamente a los compromisos de los talibanes de mantener los derechos de las mujeres, estas tres últimas semanas las mujeres han sido progresivamente excluidas de la esfera pública«.
La ex mandataria chilena también denunció la búsqueda «puerta a puerta» de miembros del antiguo Gobierno, de militares o de personas que trabajaron para las fuerzas extranjeras presentes en el país, y de las amenazas e intentos de intimidación contra oenegés y empleados de la ONU.
«En algunos casos los altos cargos fueron liberados, en otros los hemos encontrado muertos», dijo, denunciando la represión «cada vez más violenta» de manifestaciones pacíficas a través del país, así como de los periodistas que las cubren.
Bachelet también reiteró sus llamados al Consejo para poner en marcha un mecanismo específico que permita seguir de cerca la evolución de la situación de los derechos humanos en el país y mantener al Consejo informado.
