Lesmes se refirió así en su discurso a la “anormal situación” en la que se encuentra actualmente el Consejo General del Poder Judicial, “por causas que le son completamente ajenas”, puesto que agotó su mandato hace casi tres años, pero Gobierno y oposición llevan ese tiempo sin ser capaces de ponerse de acuerdo para la renovación. Recordó que el mandato de los vocales del CGPJ tiene una vigencia de cinco años, plazo que no puede ser considerado “orientativo”.
“Quiero decir con ello que el Congreso de los Diputados y el Senado, instituciones a las que la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial encomiendan a día de hoy el nombramiento de los vocales, están obligados a respetar ese plazo. Y esta obligación es extensible a las fuerzas políticas allí representadas, sin que un deber que dimana de la propia Constitución pueda subordinarse en cuanto a su cumplimiento a razones de oportunidad política, cualesquiera que estas sean, pues no hay mejor forma de defender la Constitución que procurando su cumplimiento”.
El presidente del TS recordó que desde 2018 viene recordando a las Cortes Generales la necesidad de dar solución a esta “grave anomalía” y de cumplir con la “obligación de todos los poderes públicos de preservar las instituciones, como base que son de nuestra convivencia en paz y libertad, velando por su constante legitimidad”.
El CGPJ ha recordado hasta en seis ocasiones a los presidentes del Congreso y del Senado la necesidad de abordar la renovación, aunque “ningún de esos llamamientos ha surtido efecto y asistimos un año más, con especial polémica, a esta anormal prolongación del mandato del Consejo que presido”.
Lesmes denunció que esta situación se ha visto agravada por la reciente reforma que llevó a cabo el Gobierno en la Ley Orgánica y que establece el régimen jurídico aplicable al CGPJ en funciones para limitar su capacidad de hacer nombramientos y explicó que ni el Consejo ni las asociaciones de jueces fueron escuchadas antes de aprobar estas modificaciones.
La urgencia de esta reforma, aseguró, no depende de los sucesivos cambios en la composición de las Cámaras legislativas “sino exclusivamente de la finalización del plazo del mandato establecido en la Constitución”.
El retraso en la renovación del CGPJ “conducen, inexorablemente, al debilitamiento de la legítima función constitucional del Consejo, como garante de la independencia judicial”. Por ello, exigió a las fuerzas políticas que aparquen su rivalidad y aborden una renovación que acumula ya un retraso de más de año y medio con “patriotismo constitucional y generosidad”.
La situación, añadió, “resulta insostenible para la Judicatura y para la propia sociedad, porque este incumplimiento de la legalidad, postergando la renovación del Consejo, está afectando de manera directa a un órgano que fue diseñado por la propia Constitución para garantizar la independencia en el ejercicio de la función judicial frente a todos”.
Durante los últimos seis meses, explicó el presidente del CGPJ, el Consejo ha procurado seguir desarrollando su labor con normalidad, pero no ha podido cumplir con una de las funciones esenciales que tiene atribuida: la de efectuar nombramientos de cargos gubernativos y de magistrados del Tribunal Supremo, “lo cual coloca en una muy difícil situación a los órganos judiciales afectados y de manera especial a este Alto Tribunal”.
Recordó Lesmes que ya son 11 las vacantes sin cubrir, de una planta de 79 magistrados. Esta situación se produce, además, “en un contexto social y político de la máxima complejidad provocado -entre otras circunstancias- por los devastadores efectos de la pandemia”.
Pese a estas dificultades, Lesmes elogió la independencia de la que hacen gala todos los integrantes de la judicatura en su día a día y destacó la positiva percepción que tienen de su labor los ciudadanos.
JUSTICIA FRENTE A LOS INDULTOS
Dentro del marco del análisis de la independencia judicial, Carlos Lesmes se refirió a la concesión de los indultos a los condenados por el ‘procés’ y afirmó que “la justicia no es ni ha sido nunca un obstáculo para la paz”.
En el acto que se celebró bajo la presidencia del Rey, Lesmes hizo una encendida reivindicación de la independencia judicial y se apoyó para ilustrarla como ejemplo con lo ocurrido recientemente en relación con el ejercicio de la prerrogativa de gracia de la que se han beneficiado dirigentes políticos condenados por el Tribunal Supremo.
Durante este proceso, dijo, “se ha llegado a contraponer, para explicar la indulgencia, la concordia frente al resentimiento, como si la acción de la Justicia al aplicar la ley a la que todos nos debemos fuese un obstáculo para la convivencia u obedeciera a razones distintas de las previstas en las normas”.
“Nada más alejado de la realidad”, aseguró el presidente del TS. “La función de los jueces y magistrados, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, con independencia absoluta de influencias externas o internas, políticas o de cualquier otra índole, no se corresponde en modo alguno con la idea de revancha o con el sentimiento de rencor, pues juzgar es dar a cada uno lo suyo de acuerdo con las leyes, leyes que han sido democráticamente aprobadas y que, por tanto, expresan la voluntad de la mayoría”.
Lesmes remachó que “la justicia no es, ni ha sido nunca, un obstáculo para la paz, sino el instrumento fundamental para salvaguardar el orden jurídico y, por ende, la convivencia pacífica entre los ciudadanos”.
Por ello, reivindicó la labor de todos los jueces españoles, y “muy especialmente del Tribunal Supremo, por su defensa del orden constitucional y de nuestra democracia, garantizando la supremacía de las leyes y su cumplimiento”.
