El Gobierno de México ha emprendido una demanda civil contra 11 empresas fabricantes de armas en EE.UU. a las que el Ejecutivo señala de promover prácticas comerciales, «negligentes e ilícitas», que facilitan el tráfico ilegal de armamento y alimentan la violencia en el país latinoamericano.
La presentación del recurso estuvo encabezada por el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, quien recalcó que las empresas armamentistas sí tienen responsabilidad posterior por lo que venden, aunque aleguen que no.
«Después de dos años de trabajo, presentamos esta demanda», señaló el canciller, tras explicar que este recurso legal busca —en principio—, «que las empresas demandadas compensen al Gobierno de México por sus prácticas negligentes» y que se apliquen nuevos estándares para disciplinar tanto a fabricantes como a sus distribuidores.
Ebrard también indicó que México no tiene intención de interferir en la política interna de EE.UU., relacionada a la flexible venta y posesión de armas, y advirtió que el proceso judicial no apunta al Gobierno estadounidense, sino que se ha emprendido contra las empresas que, según la administración de Andrés Manuel López Obrador, han causado daño a través del expendio y distribución ilegal de armamento, una práctica que podría haber ocasionado unos 17.000 asesinatos en el país latinoamericano.
«Están íntimamente vinculadas estas armas a la violencia que vive México hoy«, sostuvo Ebrard. El canciller aseveró que el proceso se adelantará con todo el equipo jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores: «Vamos a litigarlo con toda seriedad y vamos a ganar el juicio«.
Asimismo, informó que solicitarán que las empresas que han causado daños y apoyado la violencia en México, paguen por campañas enfocadas a prevenir el tráfico ilícito de armas.
Por otra parte, destacó que tanto el presidente como el Senado de la República apoyan y promueven estas acciones, que buscan poner el preocupante tema del tráfico de armas en el centro del debate con EE.UU.
El canciller mexicano también indicó que la única vía para que las empresas de armas y sus distribuidores entiendan el daño que hacen, es que sean sancionadas en este proceso judicial.
«Si no ganamos, no van a entender. Van a seguir haciendo lo mismo y vamos a tener muertos todos los días en México», advirtió Ebrard, tras enfatizar que la demanda no sustituye los otros esfuerzos que debe hacer el Estado mexicano, «pero es indispensable».
Demanda
Las empresas fabricantes de armamento incluidas en la demanda que interpuso el Estado mexicano ante la Corte Federal del Distrito de Massachusetts son las siguientes:
- Smith & Wesson Brands, Inc.
- Barrett Firearms Manufacturing, Inc.
- Beretta U.S.A. Corp.
- Beretta Holding S.P.A.
- Century International Arms Inc.
- Colt’s Manufacturing Company LLC.
- Glock, Inc.
- Glock GES.M.B.H.
- Sturm, Ruger & Co., Inc.
- Witmer Public Safety Group, Inc.
- D/B/A Interstate Arms.
El consultor jurídico adjunto de la Cancillería, Pablo Monroy, detalló que las compañías demandadas fabrican algunas de las armas que frecuentemente son decomisadas por las autoridades mexicanas a organizaciones criminales, entre las cuales se encuentran los fusiles antimaterial calibre .50 y los rifles de asalto AR-15 y WASR-10.
Esta mañana el @GobiernoMX, por conducto de @SRE_mx, presentó una demanda civil en Estados Unidos contra compañías productoras y comercializadoras de armas de fuego, por su responsabilidad en el tráfico ilícito de éstas a México.
— pablo monroy conesa (@pmonroyconesa) August 4, 2021
Para el gobierno mexicano, los fabricantes estadounidenses incurren en «prácticas negligentes» en el diseño, publicidad y venta de armamento, que incluye la falta de revisión de antecedentes de los compradores —quienes muchas a veces recurren a prestanombres—, así como la permisibilidad en la venta múltiple de armas.
El Departamento de Justicia estadounidense, a través de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés), encontró que, entre 2014 y 2018, siete de cada diez armas que fueron recuperadas por la policía en México durante una escena del crimen, y enviadas con ellos para su análisis, tenían su origen en EE.UU.
«Pese a que estas compañías tienen conocimiento sobre el comercio ilegal de sus productos y la violencia armada que alimentan en México, no adoptan controles necesarios, sino que apuntalan sus prácticas para obtener mayores ganancias», apuntó el consejero jurídico Monroy.
