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domingo, diciembre 1, 2024

Las ONG apuestan por un «escudo social permanente y no sujeto a prórrogas»

Las organizaciones sociales, entre ellas, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Cáritas, Save the Children y la Red Europea contra la Pobreza, consideraron que el 'escudo social' no debería estar sujeto a prórrogas por parte del Gobierno sino que debería ser definitivo.

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El Consejo de Ministros del próximo martes, 3 de agosto, tiene previsto aprobar la extensión de las medidas contenidas en el Real Decreto-ley 8/2021, el llamado ‘escudo social’ activado por la pandemia de la Covid-19, una prórroga que se extenderá hasta el 31 de octubre. Este escudo busca garantizar la protección social de los ciudadanos, e impedir desahucios sin garantizar solución habitacional.
Sin embargo, varias organizaciones sociales coincidieron en solicitar que este ‘escudo social’ sea una realidad y no esté sujeto a prórrogas. Así lo afirmó el presidente del Cermi, Luis Cayo Pérez Bueno, quien subrayó que “el escudo social es necesario porque las condiciones sociales ya eran débiles antes de la pandemia y la crisis ha exacerbado esa situación de debilidad social”.

Por ello, recalcó que “tiene que ser algo más que una pirueta mediática. El escudo social tiene que ser una realidad permanente, no estar sujeto a prórrogas, sino que hay que convertirlo en una herramienta estructural y sistemática y dejar de impulsar prórrogas mínimas”.

Del mismo modo, Pérez Bueno consideró que “la situación de crisis social va a durar aún mucho y no se entiende que estemos en este juego de prolongar, estirar y llamar la atención con el escudo social. Tiene que tener vocación de permanencia”.

LOS MÁS VULNERABLES

Por su parte, Cáritas advirtió de que los problemas que afectan a los sectores sociales más vulnerables, como el de acceso a la vivienda, no se solucionan con la prórroga del ‘escudo social’ que anunció el Gobierno.

En este sentido, Sonia Olea, del Equipo de Incidencia de Caritas, declaró que problemas como el del acceso a la vivienda son complejos y requieren de otro tipo de medidas, ya que la prórroga no los va a solucionar.
Indicó que una vez que finalice esta nuevo periodo de vigencia del conocido como ‘escudo social’ en octubre llegarán los meses más fríos y las familias y personas en situación vulnerable tendrán problemas para afrontar gastos y en algunos casos tendrán que hacer frente a desahucios.
Por ello, consideró más eficaz las medidas aplicada en otros países, como en Francia, donde se han suspendido los desahucios en “invierno no en pandemia”, ya que sostiene que hay poner en marcha soluciones de carácter “permanente” y no de forma puntual mientras dure la pandemia.

EXTENSIÓN EN ALCANCE

Asimismo, otras organizaciones confirmaron que habría que ampliar el ‘escudo social’ no solo en extensión temporal sino en alcance, tal y como lo subrayó el especialista en pobreza de Save the Children, Alexander Elu.

Además, sostuvo que, a pesar de que Save the Children considera la prórroga como una acción positiva, cada vez es más evidente que existen factores de exclusión, como el alza “desproporcionada” del precio de la luz, que afectan, sobre todo, a los consumidores más vulnerables, entre los que se encuentran las familias en mayor riesgo de pobreza con hijos a cargo.
Por ello, sugirió que “hay que pensar en fórmulas más estructurales, medidas más sostenibles” y “permanentes en el tiempo en cuestiones que están relacionadas con derechos básicos de la infancia y su dignidad”.

En esta misma línea se expresó el presidente de la Red Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social en España, Carlos Susías, quien resaltó que las familias vulnerables necesitan “soluciones definitivas”.

Sin embargo, “nos preocupa que estas medidas se tengan que ir prolongando cada tres meses”, admitió, “ya que tiene pinta de que las familias y personas afectadas por esta crisis van a permanecer bastante tiempo así”.
A su juicio, la protección debería continuar hasta que las circunstancias de las familias vulnerables cambien y defendió prolongar el ‘escudo social’ hasta que la nueva Ley de Vivienda o el proyecto de Ley de Transición Ecológica y Suministros Básicos salgan adelante.

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