Mediante esta demanda, los colectivos responden a la “intensa campaña de presión que está realizando el gestor aeroportuario AENA para obtener apoyos en diferentes ámbitos, sin ningún proyecto presentado públicamente y con total ausencia de justificación técnica, social, ambiental, económica, financiera y presupuestaria”, cuya decisión final deberá darse en el Consejo de Ministros del 30 de septiembre. De salir adelante, implicaría una inversión inicial de 3.400 millones de euros en unas obras que no comenzarían hasta principios de 2025, según afirman.
Las entidades afirman que “los proyectos de ampliación de los aeropuertos de Madrid y Barcelona –no son los únicos previstos en la geografía española– constituyen dos ejemplos claros de una política de transporte centrada casi exclusivamente en la construcción de grandes infraestructuras en favor de los medios más contaminantes, como el avión”, lo que, a su juicio, “se sitúa en el extremo opuesto al modelo hacia el que necesitamos transitar en el contexto de emergencia climática en el que nos encontramos. Un modelo orientado al fomento de los modos de transporte más eficientes energéticamente y con menores emisiones, y en el que las inversiones prioricen las necesidades de desplazamiento del conjunto de la población y no la rentabilidad económica”.
En esta línea, las organizaciones firmantes del comunicado manifestaron su oposición a los mencionados proyectos de ampliación de aeropuertos y reclamaron su cancelación tanto al Gobierno como a las comunidades autónomas y municipios implicados, exponiendo diversas razones.
Entre las razones expuestas, se encuentra el impacto climático y ambiental, pues estas ampliaciones se alejarían del objetivo de reducción de gases de efecto invernadero que se ha marcado la UE y además incidirían en la fauna; los efectos sociosanitarios, por la relación de la cercanía de los aeropuertos con las posibilidades de padecer enfermedades cardiovasculares; y la concepción que tienen las organizaciones de estos proyectos como “especulativos en contra del interés general”.
En este sentido, afirmaron que “no es seguro que se recupere el volumen de tráfico aéreo, que la aviación seguirá dependiendo del petróleo y que es una forma de esconder la crisis en la que AENA se encuentra”.
