En la resolución, a la que tuvo acceso Servimedia, se determina la suspensión de la entrega prevista para el día 28 de julio de 2021 a la empresa Plus Ultra de la cantidad concedida como préstamo participativo por un importe de 34 millones de euros con cargo al fondo de 10.000 millones de euros que gestiona la SEPI para ayudar a empresas estratégicas en dificultades por la crisis de la Covid-19.
De esta forma, se requiere a la compañía Plus Ultra que “acredite la necesidad de entrega del préstamo para el pago de acreedores”.
En los fundamentos de derecho del auto, que da respuesta a un escrito del PP, se entiende que “las partes deberán acreditar la necesidad de la entrega para dicha viabilidad de forma que una entrega no justificada supondría un menoscabo patrimonial importante sin posibilidad de restauración a una situación anterior”.
Se argumenta que “la existencia de este procedimiento penal justifica la suspensión de la entrega prevista para el día 28 de julio, sin perjuicio de que, si queda acreditada su pertinencia, se proceda a su entrega, con la documentación y el resto de diligencias que se acuerden por entenderlas necesarias para el esclarecimiento de los hechos”.
Todo ello tras resaltar que “el desembolso de la cantidad de 34.000.000 de euros como préstamo participativo prevista para el día 28 de julio del presente, dentro de un plan de viabilidad para la empresa Plus Ultra, debe ser justificada, habida cuenta la existencia de este procedimiento”.
El pasado 9 de marzo el Consejo de Ministros aprobó la inyección de 53 millones en Plus Ultra Líneas Aéreas con cargo al fondo de 10.000 millones de euros que gestiona la SEPI para ayudar a empresas estratégicas en dificultades por la crisis de la Covid-19. En el caso de Plus Ultra, la ayuda consiste en 34 millones en préstamos participativos y 19 millones ordinarios, disponiendo de siete años para su devolución.
Desde la aprobación de esta ayuda, los grupos de la oposición la criticaron al considerar que la compañía no es estratégica ni solvente, requisitos establecidos para acceder al fondo de la SEPI, además de suscitar multitud de críticas por las supuestas conexiones de la compañía con Venezuela.
