El Ministerio y los sindicatos firmaron el acuerdo para reducir así la temporalidad en el sector público después de los pronunciamientos del Tribunal Europeo y del Tribunal Supremo.
Según informó CSIF en un comunicado, los contratos temporales tendrán una duración máxima de tres años y esas plazas tendrán que incorporarse a ofertas de empleo público. El interino, además, tendrá garantía de permanencia en su puesto de trabajo siempre y cuando esté en marcha el proceso selectivo.
Por su parte, las administraciones deberán indemnizar al personal afectado con 20 días por año de servicio y hasta 12 mensualidades cuando extiendan los contratos temporales más allá de los tres años y se extinga su relación laboral.
Además, todo acto administrativo que suponga el incumplimiento de estos plazos máximos será nulo de pleno derecho y se exigirán las responsabilidades que procedan (en materia disciplinaria, civil o incluso penal) a los gestores.
De manera paralela, el acuerdo contempla “un proceso de estabilización que afectará a más de 300.000 plazas estructurales” que hoy están ocupadas por personal temporal y que deberán ser fijas antes del 31 de diciembre de 2024 “como fecha límite improrrogable”. La experiencia adquirida en el puesto se valorará con hasta un 40% en todos los ámbitos de cara a optar al proceso selectivo de estabilización.
Las personas actualmente en situación de temporalidad y que no superen este proceso serán incluidas en bolsas de trabajo y recibirán una compensación económica, igualmente de 20 días por año trabajado. Estos procesos selectivos irán unidos a procedimientos de movilidad y promoción interna de los funcionarios de carrera, para preservar también las aspiraciones legítimas de este colectivo.
Se autoriza una tasa adicional para poder convocar todas las plazas, estén o no en las relaciones de puestos de trabajo o plantillas, y se desvincula la contratación de nuevo personal de la tasa de reposición.
CSIF valoró que el acuerdo “ofrece seguridad jurídica, define con claridad las situaciones en abuso y fraude de ley e incorpora medidas disuasorias y sancionadoras para acabar de una vez por todas con el abuso en la temporalidad”.
“El acuerdo garantiza igualmente el principio de no discriminación, ya que al personal temporal se le aplicará el régimen general de los funcionarios de carrera”, según CSIF, y las plazas siempre contarán con provisión de personal en las diferentes circunstancias que puedan darse.
CSIF ha condicionado su participación en el acuerdo a la constitución de una comisión de seguimiento.
Por su parte, CCOO informó de que el acuerdo establece a partir de septiembre un calendario de negociación y diálogo social con el objetivo de alcanzar un nuevo acuerdo global en la Función Pública, en especial todo lo relativo al impulso de la promoción interna y los traslados.
Para CCOO, “las medidas son un buen marco general que deberá ser adaptado a los diferentes sectores y administraciones, incluyéndose en el acuerdo las medidas para que esto sea posible en la administración general, la autonómica y la local”.
Para el secretario general de UGT Servicios Públicos, Julio Lacuerda, el acuerdo “adopta medidas preventivas y sancionadoras para evitar las irregularidades que convierten a nuestro país cíclicamente en un país en abuso de temporalidad”.
