El Gobierno Progresista, Iceta y el lobby sindical CCOO, UGT Y CSIF consuman su traición a los trabajador@s temporales de las administraciones.
Después de las noticias referentes al “Acuerdo sobre el plan de choque para reducir la temporalidad en las administraciones Públicas” entre el PSOE y el Lobby sindical CCOO, UGT y CSIF desde CGT-Andalucía mostramos nuestro absoluto rechazo al denominado “ICETAZO” y exigimos que “QUIENES ESTÁN SE QUEDAN” como sanción por el abuso de la temporalidad en la contratación fraudulenta tal y como ha exigido el TJUE en su doctrina más reciente, las sancionadas no pueden ser las trabajadoras/es víctimas de abuso de temporalidad.
CGT Andalucía, Ceuta y Melilla muestra por tanto su total oposición al acuerdo entre Iceta y las centrales sindicales del régimen, puesto que no se está teniendo en cuenta ni escuchando al conjunto de personas afectadas (Interinos e Indefinidos) que están en situación de abuso de temporalidad y fraude en la contratación ni nuestras reivindicaciones como Sindicato de Clase que está apoyando y denunciando esta problemática en pro de unos Servicio Públicos de Calidad. Por este motivo ya hicimos una Huelga General en todo el Sector Público de Andalucía el pasado 28 de mayo (Admon Gral. del Estado, Admon. Autonómica, Diputaciones, Admon. Locales, Agencias Públicas, Universidades, contratas y subcontratas de cualquiera de las Administraciones o empresas públicas).
“QUIENES ESTAN SE QUEDAN”: Seguiremos defendiendo la consolidación de las personas que han sufrido abuso de temporalidad y fraude de ley en la contratación, haciéndonos eco de lo dictaminado en el TJUE sobre las convocatorias de OPEs, fijando que no puede ser un elemento sancionador ni disuasorio de la temporalidad y que castigar al que ha sufrido el abuso y la contratación fraudulenta con la pérdida de su empleo no se ajusta a derecho. Por lo que rechazamos totalmente la propuesta del Ministro de indemnizar con 20 días por año con tope de 12 mensualidades, al personal en abuso que no superé los procesos de estabilización.
Denunciamos la desigualdad manifiesta que supone que cualquier empresario privado tenga la obligación de cumplir la Ley y que la Inspección de Trabajo tenga facultad sancionadora si la incumple y que para las Administraciones se mantengan al margen de la LEY con total impunidad, actuando sin ninguna vergüenza, saltándose la directiva europea 1999/70 desde hace más de 20 años y sin temor a sanción por la Inspección, por lo que desde CGT insistimos en la necesidad de habilitar por Ley a la Inspección de Trabajo para que pueda sancionar a las administraciones Públicas por incumplimientos de las normas de contratación y normativa laboral y de prevención de riesgos en general.
Denunciamos igualmente que se está sometiendo a las/os trabajadoras/es a unos mal llamados procesos de estabilización que para nada resuelven el problema, ya que, tanto en Andalucía como en otras comunidades, vemos como la media de aprobados no supera el 15%, por lo que la mayoría de plazas quedan vacantes y las bolsas de empleo quedan también vacías, provocándose el mayor ERE encubierto de la historia.
Exigimos el establecimiento de sanciones severas hacía los responsables políticos que como gestores del ámbito público contraten en fraude de ley y/o contrataciones temporales para puestos estructurales, que deberán abonar con patrimonio privado e inhabilitación para el desempeño de cargo público.
Reclamamos que se haga una reforma del TREBEP acorde con la normativa europea para el personal en abuso y fraude de Ley en todas las administraciones públicas para consolidar este personal “Quienes están se quedan” o en su defecto que se cumpla el artículo 61.6 del actual TREBEP “Sólo en virtud de ley podrá aplicarse, con carácter excepcional, el sistema de concurso que consistirá únicamente en la valoración de méritos.”.
CGT llama a la organización y movilización permanente de todas las personas afectadas hasta hacer modificar este nocivo “acuerdazo”.
Las cuotas de afiliación a CCOO, UGT y CSIF son las palas que cavaran las tumbas del futuro laboral de la clase trabajadora en España.
