El acuerdo se cerró el pasado lunes y fue rubricado el jueves por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los agentes sociales en el Palacio de la Moncloa. Se prevé su entrada en vigor en 2022.
Un día después, Escrivá acudirá a la comisión del Pacto de Toledo del Congreso de los Diputados este miércoles a las 11.00 horas para explicar el acuerdo con el que se da cumplimiento a varias recomendaciones.
El pacto establece la vuelta a la revalorización de las pensiones con el IPC cada 1 de enero, tomando la media anual registrada en noviembre del ejercicio anterior, y en los casos de inflación negativa, permanecerán invariables. Con este sistema, ya no habrá paga compensatoria o “paguilla” por la diferencia entre la subida que se aplicaba y la subida efectiva del IPC. Este mecanismo se evaluará cada cinco años en el diálogo social.
En cuanto al Factor de Sostenibilidad, éste será sustituido por un mecanismo de equidad intergeneracional a negociar en el diálogo social “inmediatamente” hasta el 15 de noviembre de 2021. Llegada esa fecha, si no hay acuerdo, el Gobierno lo regulará, y empezará a operar a partir de 2027. Para este nuevo mecanismo se determina “incorporar indicadores” sobre el envejecimiento de la población y que “actuando de forma equilibrada sobre el conjunto de parámetros del sistema, sirvan de base para un diseño del nuevo mecanismo que evite hacer recaer en las generaciones más jóvenes el coste derivado de la llegada a la edad de jubilación de cohortes de trabajadores más pobladas, repartiendo de forma equilibrada el esfuerzo”.
RETRASO DE LA JUBILACIÓN
Por su parte, se revisan los coeficientes reductores de la jubilación anticipada voluntaria y se endurecen para los que la adelantan el máximo de tiempo (24 meses o algunos menos) y el mínimo. En concreto, los nuevos coeficientes reducen la pensión mensualmente entre el 3,26% y el 21% frente al esquema actual del 2% al 16% en los casos de tener menos de 38 años y seis meses cotizados. Esos coeficientes son menores para el resto de casos, con unas carreras de cotización más largas.
Para quienes tienen una pensión máxima, los coeficientes reductores entrarán en vigor de forma progresiva a lo largo de diez años, a contar desde el 1 de enero de 2024.
Para la jubilación anticipada por razones de la actividad, se modificará el procedimiento de solicitud y se precisarán con más detalle los indicadores de peligrosidad o penosidad que determinan el acceso a esta modalidad de jubilación anticipada de manera que su aplicación pueda ser efectiva.
Para fomentar la jubilación demorada, por año de demora se ofrece elegir entre un incremento del 4% en la pensión, una cantidad a tanto alzado que oscilaría entre los 4.786 euros y los 12.060 euros según los años cotizados y el importe de la pensión, o una combinación de las dos opciones.
Respecto a la jubilación activa, se exigirá como condición para acceder el transcurso de al menos un año desde el cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación y se revisará en el diálogo social esta modalidad en el plazo máximo de 12 meses.
El acuerdo también recoge la prohibición de jubilación forzosa regulada en convenio colectivo antes de los 68 años, a excepción de una serie de sectores en los que la ocupación de las mujeres sea inferior al 20%. Las empresas pertenecientes a esos sectores podrán aplicar la jubilación forzosa antes de los 68 años si sustituyen a esos trabajadores por mujeres contratadas de forma indefinida y a tiempo completo.
Otra de las medidas consiste en la exoneración del 75% de las cuotas empresariales por contingencias comunes en las bajas por incapacidad temporal de los trabajadores a partir de los 62 años con el objetivo de que esas personas puedan seguir activas en el mercado de trabajo y las empresas no tengan barreras para mantenerlas.
AUTÓNOMOS
Sobre la cotización de los autónomos en función de sus ingresos reales, se establece que se aprobará el nuevo sistema en 2022 y empezará a aplicarse en 2023 con un despliegue gradual de hasta nueve años. Queda pendiente definir los tramos de ingresos que marcarán la cuota mensual. Se prevé en el acuerdo firmado que elijan provisionalmente su base de cotización entre los tramos que se determinen, con la posibilidad de cambiar seis veces a lo largo del año. Se hará una regularización al año y en caso de que hayan sobrecotizado podrán pedir la devolución, mientras que si han cotizado de menos deberán abonar la diferencia.
En cuanto a los gastos que asume la Seguridad Social y que se consideran impropios, se acuerda que en 2022 y 2023 el Estado se haga cargo de lo que queda, unos 7.600 millones de euros, dado que ya ha asumido 14.000 millones de euros.
Con esta reforma, el Gobierno calcula que la edad efectiva de jubilación aumentará en dos años durante el periodo que dure la reforma.
