El contenido del texto -de 78 artículos y cuatro títulos- fue explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros por la ministra de Igualdad, Irene Montero, y el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en presencia de la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero.
Antes de la exposición de los titulares de las carteras ministeriales que han impulsado el proyecto, María Jesús Montero destacó que la sociedad española es “plural, porque reconoce la igualdad y la diversidad”, y “más madura y progresista de lo que los sectores conservadores quieren hacer creer”, como quedó acreditado con las legislaciones que desarrollaron el divorcio, el aborto, el matrimonio igualitario o la eutanasia, un texto este último que el PP y Vox han recurrido ante el Tribunal Constitucional. “Le pese a quien le pese, este Gobierno seguirá con la línea de avances civiles y conquistas sociales”, sentenció.
“DÍA HISTÓRICO”
Tras este preámbulo, Irene Montero dejó claro que hoy es un “día histórico” tras “15 años sin avances legislativos de este nivel”, ya que se garantiza la “igualdad real y efectiva” de las personas transexuales y se impulsa una batería de derechos del colectivo Lgtbi.
Atestiguó que esta norma evidencia la “fortaleza” del Gobierno de coalición, que “incluso en momentos de debates profundos que se alargan meses” y tras negociaciones “largas y difíciles”, es capaz de llegar a acuerdos que “mejoran la vida de la gente” y garantizan la “felicidad de miles de personas”.
Señaló que la norma “nos coloca, de nuevo, en la vanguardia europea en el reconocimiento de los derechos del colectivo Lgtbi y las personas trans”, más si cabe en un momento en el que en algunos países de la UE se asiste al cuestionamiento de los mismos.
AUTODETERMINACIÓN DE GÉNERO
Irene Montero celebró el “paso de gigante” que da España con la aprobación de esta ley en plena celebración del Orgullo, un texto que reconoce la autodeterminación de género. Este concepto supone que es suficiente con la voluntad de una persona para cambiar el nombre y el sexo en el DNI, sin necesidad de presentar informes médicos ni años de hormonación, como se exigía hasta la fecha.
Esto le sirvió para destacar que “por fin, acometemos el proceso de despatologización” de este colectivo, dejando de considerar a sus integrantes “personas enfermas”, en la línea de lo establecido por las instituciones internacionales y europeas.
Finalmente, podrán solicitar el cambio de sexo y nombre en el Registro Civil los mayores de edad y los menores. En este punto, el ministro de Justicia precisó que la autodeterminación se ejecutará con matices entre los menores por franjas de edad.
Entre los 12 y 14 años, este proceso “se protege de manera especial”, requiriéndose un expediente de jurisdicción voluntaria; mientras que entre los 14 y los 16 años el menor deberá ir acompañado en todo el proceso de sus progenitores (si existe un desacuerdo entre ambos, se establecerá la figura de un mediador).
También detalló que se estipula un sistema de doble comparecencia, en la primera de las cuales se informará de las consecuencias, medidas de apoyo y asistencia de asociaciones, mientras que en la segunda, a los tres meses, la persona afectada deberá ratificar o no su decisión, algo que ha convencido a la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, que siempre ha sido renuente a la norma, para la que exigía “seguridad jurídica”.
Juan Carlos Campo dejó claro que la reversión en este ámbito es posible, tanto para los menores como los adultos, únicamente una vez en el plazo temporal de seis meses desde que concluyó el procedimiento.
La autodeterminación de género ha sido una línea roja para el Ministerio de Igualdad y para los colectivos Lgtbi que han sido consultados para la redacción de esta ley, y ha causado la oposición de parte del movimiento feminista y de históricas luchadoras feministas del PSOE que consideran que este concepto supone “un retroceso en la protección” de los derechos de las mujeres.
De hecho, parte del movimiento feminista ha protestado en diversas ciudades españolas contra la ley exigiendo la dimisión de la propia Irene Montero.
OTRAS MEDIDAS
Por su parte, Irene Montero expuso que la ley incorpora una “batería importante” de medidas de acción positiva para perseguir la discriminación en el empleo, la salud y la educación que sufre el colectivo Lgtbi.
Otras de las novedades que incluye el texto son el reconocimiento a las mujeres lesbianas y bisexuales sin pareja del derecho de acceso a las técnicas de reproducción asistida, la filiación de los hijos de las lesbianas y bisexuales no casadas, la prohibición de las terapias de conversión, el desarrollo de los derechos fundamentales de las personas intersexuales y la fijación de un régimen de infracciones y sanciones para hacer frente a las discriminaciones de las personas Lgtbi.
La titular de Igualdad recordó el largo recorrido que ha tenido este texto hasta su aprobación en el Consejo de Ministros que llevó a que el Congreso de los Diputados rechazara el pasado 18 de mayo la toma en consideración de la ‘ley trans’ impulsada por ERC y el Grupo Plural gracias a la abstención de los socialistas.
Ese mismo día, pidió perdón porque, dijo, este debate debería haberlo traído al Congreso el Gobierno y porque las personas trans llevan demasiado tiempo “viendo sus vidas cuestionadas”, lo que le dio pie a manifestar que España tiene una deuda “con ellos, con ellas, con elles”.
Por ello, reclamó “dejar trabajar” a los grupos parlamentarios, e indicó que “no me cabe duda de que la ley puede tener mejoras” en lo referido al reconocimiento de las personas no binarias o los migrantes.
Irene Montero no rehuyó la oposición de parte del movimiento feminista y de históricas luchadoras feministas del PSOE a este texto
Lo hizo arguyendo que “siempre que se aprueban leyes de este calado, hay debate social y oposición a esas leyes y, sin embargo, años después nadie se reconoce en la oposición a esas leyes”.
Observó que esta es una “ley feminista”, ya que también reconoce los derechos de aquellas mujeres que forman parte del colectivo Lgtbi, lo que le dio pie a exclamar que “si no llegamos todas, no vamos a llegar ninguna”.
“LEY AMPLIA”
Por otro lado, Juan Carlos Campo dijo que “la ley es amplia, porque reconoce derechos y marca obligaciones a los poderes públicos” en una “triple dirección”: garantizando y promoviendo la “igualdad real y efectiva de estos colectivos”; previniendo y eliminando “toda forma de discriminación para ellos y sus familiares”; y fijando un procedimiento riguroso para el registro de estas personas.
Por último, afirmó que hoy “damos un paso muy importante, ya que “todos somos mejor sociedad cuando todos mejoramos”, y despejó los disensos en el Gobierno en torno a este texto al afirmar que “los buenos textos son fruto de la reflexión, (la ley) ha llegado cuando tenía que llegar. Entiendo que guste el ruido, pero las buenas leyes se hacen en silencio”.
